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Violencia en espacios rurales

[13-12-2014]

¿Cómo se manifiesta la violencia de género en las zonas rurales cubanas? ¿Cómo se estructura su prevención y enfrentamiento? A partir de esas interrogantes, tres especialistas de la oriental provincia de Holguín, a más de 740 kilómetros de La Habana, reflexionan con No a la Violencia: la doctora en Sociología Yuliuva Hernández García; Leticia Machado Gámez, Licenciada en Estudios Socioculturales, y el también doctor en Sociología Víctor Hugo Pérez Gallo, en todos los casos, profesores e investigadores del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM).


¿Cuáles son las principales características de la violencia en las áreas rurales, según su experiencia y la de sus investigaciones?

Yuliuva Hernández García: No podría dar una respuesta totalizadora, porque precisamente nuestro trabajo en todos estos años de investigación del tema se ha articulado a partir de la necesidad de comprender las especificidades de la violencia según los contextos, para no homogeneizar, ni esencializar, ni generalizar interpretaciones científicas o prácticas políticas, que lejos de ayudar muchas veces estancan los procesos de cambio social porque pierden de vista lo local y lo cultural. Pero sí podemos afirmar que nuestros trabajos (y me refiero a los compartidos mediante tutoría con la doctora Alisa Natividad Delgado Tornés, del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral de la Cultura, de la Universidad de Oriente y la doctora María de los Ángeles
Arias Guevara, del Núcleo de Estudios de Género, de la Universidad de Holguín) han permitido apreciar determinadas regularidades asociadas a los espacios rurales, que tienen que ver, entre otras cuestiones importantes, con la cultura patriarcal específica de esos espacios geográficos y sus actividades económicas fundamentales en relación con las culturas del trabajo. 

Se considera que en espacios geográficos rurales la violencia contra las mujeres tiene connotaciones diferentes con respecto a otros contextos, y se entreteje con otros sistemas de dominación, además del género. Nuestros estudios permiten visibilizar especificidades que tienen que ver con las pertenencias regionales y sus culturas –las relacionadas con el espacio geográfico
específico-; y las de clase social --relacionadas con lo que se entiende como opacidad y luminosidad de los espacios geográficos ligados al desarrollo social y económico desfavorable o favorable, respectivamente.

 En los espacios rurales estudiados, los actores sociales construyen narrativas de legitimidad de la violencia contra las mujeres por motivos de género, con códigos y símbolos propios, ajustados a esos espacios. Nuestras experiencias investigativas en tres espacios geográficos rurales de la provincia Holguín (Calabazas de Sagua de Tánamo; y Yamanigüey y Pueblo Nuevo de Centeno,
en Moa) han identificado prácticas de violencia contra las mujeres muy crueles, prácticas de castigo físico público, exteriorizado, con rasgos de suplicio como los descritos por Foucault sobre la Edad Media. 

Esto es diferente de lo que sucede en otros espacios, mediado por factores culturales importantes como la percepción sociocultural de la rudeza de las actividades económicas y las culturas del trabajo de esos espacios, que legitiman y naturalizan todas las violencias. Estas actividades económicas, y las culturas del trabajo de esos espacios, tienen un correlato sociológico cultural en
la vida cotidiana de los actores sociales: se han generado normatividades, modos y estilos de vida, prácticas culturales y neologismos, estructuras y culturas familiares marcadas por el trabajo, que median como singularidades con respecto a otros espacios con otras influencias económicas. 

En estos espacios, donde existe una masculinización de sus actividades económicas (como lo es la minería, la agricultura y la pesca, o la combinación de los tres), estas producen procesos de reforzamiento de los mandatos culturales de violencia como atributo de la masculinidad hegemónica y una peculiar reproducción de la vida cotidiana. Esa mediación cultural se materializa
en cuestiones como las características de las familias que existen allí y las relaciones de género que se establecen en ellas; en los modos y estilos de vida que, mediados por esas actividades, determinan prácticas, tiempos, ritmos, mandatos de género a cumplir en el ámbito público de los actores sociales.Mientras en los espacios urbanos hay más mujeres vinculadas al trabajo asalariadas, las de los zurales estudiadas son casi todas amas de casa que esperan al hombre proveedor que regresa del mar, de la fábrica o la mina, o de las siembras; y que una vez en casa, deben ser priorizados en todo lo posible, porque la percepción cultural que se tiene de la rudeza del trabajo y su condición de proveedores económicos de las familias demandan tales atenciones. Pero, en ambos casos, si
los mandatos culturales de género que impone la cultura patriarcal a las mujeres no se cumplen, sobreviene la violencia y el castigo.
En Moa (como en Calabazas), en los estudios emergen como especificidades culturales de los espacios rurales investigados, los pactos de silencio en torno a la violencia, que difieren en cada uno de ellos en cuanto a contenidos y códigos culturales. Los más representativos: en Yamanigüey, para silenciar la endogamia y la violación incestuosa a niñas y adolescentes por
padres y abuelos; y en Pueblo Nuevo de Centeno, para silenciar el arrastre de las mujeres por calles de piedra o tierra, o la prostitución forzada. También emergen especificidades culturales en el tipo de prácticas de castigo a las mujeres (que también difieren en cada subespacio en cuanto a formas de llevarlas a cabo y de instituir su eficacia simbólica, pero manteniendo su esencia interna de disciplinar y sancionar desde el cuerpo de las mujeres, mediante su exteriorización, su traslado al ámbito público donde se exhibe el cuerpo de las mujeres desnudo, golpeado, herido, escoriado, hematomizado, y hay un público observador que participa del hecho mediante la lectura del código texto que representa el castigo.

Leticia Machado Gamez: Se han desarrollado investigaciones en comunidades rurales de la provincia Holguín, con características que van marcando la diferencia en cuanto a ciertas actividades económicas, culturales y sociales que realizan en su vida cotidiana. Sin embargo, tienen puntos en común cuando hablamos acerca de la violencia contra la mujer: existencia de maltrato físico; hostilidad manifestada a través de insultos permanentes, amenazas, chantaje emocional, pánico y ofensas, que en la mayoría de los casos son practicadas delante de los hijos; desvalorización de las actividades que realizan, principalmente en las ama de casa y trabajadoras
en la agricultura; hombres que tratan de mantener la dependencia económica de su esposa y familia con el objetivo de mantener el control sobre el núcleo familiar, obligado a soportar la violencia de que son objeto; familias que representan una fuerte cultura patriarcal.

Víctor Hugo Pérez Gallo: Hemos desarrollado estudios de casos de violencia en las comunidades rurales de Cebolla y Farallones, esta última perteneciente al Plan Turquino de la provincia de Holguín, y hemos hallado las siguientes coincidencias:

 -Una ritualización de la violencia ejercida a mujeres y niñas, legitimada en los discursos desarrollados por los hombres en sus espacios de homosocialización, que se convierten en nodos donde se reproduce y legitima un imaginario patriarcal de la violencia.
-El menosprecio hacia las mujeres que trabajan en faenas agrícolas considerándose "que son menos productivas que los hombres"
- La exposición pública de la violencia ejercida sobre las mujeres y niñas. 

- La correlación de violencia con indicadores de pobreza. 

- La feminización de la pobreza hacia el interior de las familias estudiadas.

¿Se han diseñado protocolos de atención para estos casos? ¿Qué apoyos se brindan? ¿Qué opciones tienen las mujeres rurales víctimas de violencia?

YHG: Lo que nos han permitido identificar nuestras investigaciones es que no existe una atención particularizada de estos problemas, en especial para las mujeres de espacios rurales, precisamente porque --en el diseño e implementación de las políticas públicas-- no se ha tenido adecuadamente en cuenta la mediación cultural de los espacios geográficos rurales en los fenómenos de violencia contra las mujeres. Ello conduce a que no existe en la práctica lo que la Geografía Feminista denomina “circuitos espaciales de violencia”, para definir aquella red de instituciones públicas o privadas a las que pueden acudir las mujeres víctimas en busca de ayuda.

Desde el punto de vista estructural, en Cuba hay instituciones que podrían brindar atención al problema; pero la realidad social vivenciada por las mujeres y los resultados de las investigaciones científicas en todo el país, dan cuenta de la disfuncionalidad de odas esas instituciones. En espacios rurales, muchas de ellas ni siquiera existen, como los Centros Comunitarios de Salud
Mental, que podrían trabajar el problema y no lo hacen, según nuestros resultados. Pasa además por los subregistros y prácticas profesionales de Jefes de Sector y Médicos, así como otros, que no permiten cuantificar las verdaderas magnitudes del problema y tratarlas. En espacios rurales, se añade la legitimidad instituida sobre la violencia desde sus especificidades culturales.

Es decir, en nuestros estudios emerge que son mucho menores las opciones de las mujeres rurales para romper los ciclos de violencia, ligado también a problemas de precariedad y pobreza que impiden –entre otras cuestiones- que ellas tengan casa propia para irse a vivir con los hijos.

LMG: Se han diseñado protocolos de atención para estos casos, pero no siempre se han podido aplicar. En ocasiones las personas designadas para atender las redes formales, que pueden colaborar para erradicar o al menos mitigar el problema, no tienen suficiente preparación en el tema, por lo que no siempre se cumplen los objetivos, sin dejar de tener en cuenta que los principales especialistas se encuentran en las zonas urbanas, donde están las instituciones y la lejanía es un factor que influye de forma negativa.

VHPG: Se han diseñado protocolos a partir de las investigaciones desarrolladas, pero no ha sido posible aplicarlos en su mayor parte, siendo significativo que las opciones que tienen las mujeres es la búsqueda de apoyo en redes informales, que generalmente es la familia suya o la del esposo.

En estos casos, como no puede escapar del ciclo de la violencia, muchas veces pierde este apoyo, ya que sus interlocutoras consideran que ella quiere seguir su relación con el victimario. Las redes formales generalmente no atienden estos casos, sobre todo por la lejanía de los centros institucionales y la imposibilidad económica de la violentada de moverse a la cabecera municipal.

Según sus experiencias, ¿cómo deberían proyectarse las acciones de prevención en estos espacios?

YHG: Como lo hemos estudiado, aunque la relación cultura patriarcal-espacio geográfico no constituye la única condición y relación que explica las insuficiencias en el tratamiento del problema de la violencia contra las mujeres, en especial las rurales, sí es fundamental la comprensión de esta articulación para diseñar políticas que sean más eficaces para disminuir y/o erradicar la violencia contra las mujeres y accionar sobre los factores que la generan, atendiendo a que las realidades del problema son diversas y que en ellas median factores culturales que pueden favorecer la acogida de tales políticas y contribuir al cambio social; o, por el contrario,
favorecer el estancamiento de estas, al no tener efectividad en diversas comunidades porque tienen sus propios códigos, sus propias narrativas de legitimidad de la violencia.

En tal sentido, ¿cómo implementar acciones en un poblado rural como Yamanigüey o Calabazas para eliminar las prácticas de violencia, llevando de forma homogénea lo que se ha diseñado como política para accionar sobre el problema, por ejemplo, desde las acciones de la FMC, sin haber identificado y comprendido especificidades culturales de esas comunidades que convierten en
legítimas, por ejemplo, la violación incestuosa de niñas y adolescentes o el castigo físico (machetazos o arrastres) público, lo cual todo el mundo ve, pero nadie denuncia o intenta cambiar? En estos se han instituido lo que hemos llamado “pactos culturales de silencio”. Y es conociendo estas especificidades culturales, en las que se produce una articulación determinada de la cultura patriarcal-espacio geográfico-violencia, que se pueden realizar acciones eficaces para deconstruir la legitimidad de tales prácticas, potenciar el empoderamiento femenino y comprender que hay que denunciar estos hechos para deslegitimar tales prácticas.

En los espacios rurales se hace necesaria la creación de un circuito espacial de atención a la violencia, que incorpore en su diseño elementos que no necesariamente deberán trabajarse en otros espacios geográficos. Lo anterior guarda relación con la necesidad del diseño de políticas pensadas en claves de lo local.

El estudio del fenómeno de la violencia contra las mujeres que he llevado durante varios años y el análisis de cómo han ido materializándose acciones, leyes y políticas en otros países, permiten plantear algunas ideas al respecto. En el caso de la violencia, experiencias en otros contextos y sistemas políticos (como por ejemplo México) han validado que estas políticas deben contener, al
menos, los siguientes lineamientos: la transversalización de la perspectiva de género en todas laspolíticas e instancias del gobierno, la creación y fortalecimiento de redes institucionales y sociales, y de refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas; la promoción de programas reeducativos para víctimas y agresores, así como de investigación y difusión de información veraz
y el impulso a reformas legislativas, como pudieran ser para el caso cubano la modificación de los Códigos Penal y Civil y la creación de los Tribunales de Violencia para atender este tipo de casos, como existe en otros países.

Para el caso de los espacios rurales estudiados, a partir de nuestros resultados se han propuesto algunas acciones a prever en una política local, como sensibilizar a las Asambleas Municipales para que se conozca más de la problemática en los territorios y se puedan implementar acciones locales para prevenir y tratar la violencia contra las mujeres. Desarrollar acciones de capacitación
en la temática a las diferentes estructuras e instituciones, para contribuir a la creación de un circuito espacial de atención a la violencia contra las mujeres más efectivo.

De forma especial, toda vez que hoy se demanda pensar el desarrollo humano con perspectiva de género, se propone que los Programas de Desarrollo en nuestro país prevean la creación de Centros de Atención Integral a la Violencia de Género, con sus respectivos especialistas y recursos.

LMG: Las acciones de prevención deberían proyectarse no solamente con las mujeres violentadas de estas comunidades rurales, sino con toda la familia, asumiendo el reto de analizar esta problemática e incorporarla en programas de acción que permitan erradicar el problema o, al menos, minimizarlo, porque sabemos que es un proceso que lleva años. Se está hablando de comunidades donde está internalizado el problema de la violencia de género, justificado por la cultura patriarcal que los caracteriza.

VHPG: Las acciones de prevención deberían desarrollarse con hombres, mujeres y niños y niñas, en este último caso porque la prevención primaria es sumamente importante para educar a los infantes en una cultura de la paz; al tener la particularidad de desarrollarse en un ámbito rural, deberían determinarse los líderes informales y comenzar con ellos talleres de sensibilización y
capacitación; luego de trabajar con los actores sociales de la comunidad para hacerlos extensivos a esta y que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Por otra parte, debería hacerse partícipe a los decisores municipales, informándoles de las acciones y haciéndolos co-responsables de estas. 

Es sumamente importante sumar a los directivos de las actividades económicas que se desarrollan en el lugar (mayormente ganadería menor y agricultura), por el peso que tiene en la opinión comunitaria.

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De la redacción

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