En el contexto cubano, la política de prevención se encuentra avalada y fundamentada, desde el punto de vista ideológico, por los principios éticos de la Revolución, lo que se expresa en el diseño y desarrollo de políticas sociales concretas. Estas tienen el fin de garantizar las relaciones sociales y armónicas, cohesión e integración de proyectos individuales y colectivos que articulen el desarrollo social sobre el consenso socio ideológico.

No obstante, la prevención requiere, además, de una regulación jurídica que en Cuba se deriva, en primera instancia, de la Constitución de la República, donde se refleja la promoción por el Estado de la formación integral de los ciudadanos, en especial de la niñez y de la juventud, mediante las garantías y derechos que les confiere a todos.

Aunque en Cuba el Código Penal considera como agravante, en caso de maltrato, la existencia de parentesco entre víctima y agresor, cada vez más especialistas se pronuncian por una legislación específica para enfrentar la violencia contra las mujeres o aquella que ocurre en el ámbito de la familia.

Los estereotipos sociales de cómo ser hombre o mujer están en el origen de manifestaciones de violencia en las relaciones de parejas, pero también en la manera en que se configura el acceso y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, coincidieron estudiantes y profesionales de las leyes en La Habana.
Para Suset Hernández Guzmán, máster en Ciencias y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, los derechos vinculados a las relaciones sexuales o la reproducción humana descansan, a su vez, en derechos humanos fundamentales refrendados en la ley.

Desde que en Cuba comenzaron a implementarse medidas y cambios en el sistema económico, en búsqueda de mayor productividad, algunas voces desde la academia y la sociedad civil advirtieron que debía seguirse de cerca el proceso para que no afectara de manera drástica a las mujeres, con un camino avanzado en materia de empleo, autonomía económica y personal.

Las leyes necesitan perfeccionarse para actuar frente a casos de violencia y vulneración de derechos por motivo de género en Cuba, pero las que existen tampoco se utilizan lo suficiente, señalaron en la capital cubana juristas y activistas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y personas trans).

Aunque hay que mejorar las leyes, también urge capacitar en temas de género y violencia a quienes imparten justicia, agregaron participantes al II Taller “Sexualidad y derechos humanos”.

Es difícil probar el acoso laboral, más aún cuando este tipo de violencia no está definida como delito en Cuba. Sin embargo, la abogada Liset Mailen Imbert Milán llama a denunciar y visibilizar el maltrato que suele pasar inadvertido en instituciones y espacios laborales cubanos.

Aunque cualquier persona puede sufrir acoso en el ámbito laboral, Imbert destaca que “las principales víctimas son mujeres y personas de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales)”; también la edad y origen étnico pueden convertimos en objeto de la violencia en el trabajo.

Conocer la ley, fortalecer la educación ciudadana, buscar asesoría especializada y construir una fuerte autoestima contribuyen a enfrentar el racismo, opinan especialistas cubanos.

“Lo primero que tenemos que conocer es que en Cuba existe el derecho constitucional a la igualdad y ante la discriminación hay que romper el silencio”, reflexionó el abogado Jorge Luis Casas durante el Taller “Derechos, deberes y obligaciones desde la problemática racial en Cuba”.

La falta de un sistema integral de atención, apoyo y orientación especializada a mujeres víctimas de violencia fue identificado por expertas de diversas disciplinas entre los desafíos actuales para el tratamiento y prevención a este problema social en Cuba.

"Este asunto demanda acciones articuladas, desde distintas disciplinas, para que las mujeres encuentren respuestas efectivas a su situación", señaló la psiquiatra Ada Alfonso, quien integró el panel "Violencia de género en Cuba: desafíos en la atención y prevención", el pasado 9 de diciembre.

La falta de una sección o acápite legal específico para la violencia contra la mujer por motivos de género y la poca preparación de quienes operan estos casos limitan una respuesta jurídica más efectiva a este problema social en Cuba, opinan especialistas.

"Nuestro Código Penal no recoge ni penaliza la violencia de género", asegura a SEMlac la jurista Perla Delgado, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cienfuegos, a unos 250 kilómetros de la capital cubana.

La violencia contra las mujeres por motivo de género se reconoce y denuncia poco, se perpetúa como algo natural y acostumbrado, mientras sus víctimas precisan respaldos diversos para poder romper el ciclo del maltrato, recuperar su autoestima y retomar las riendas de sus vidas y decisiones.

Ello implica, necesariamente, apoyo y protección de diverso tipo: psicológico, de salud, afectivo y comunitario, entre otros. Pero estos casos necesitan también de una adecuada protección legal que evite la impunidad, ampare a las víctimas y sancione al maltratador.