Perla Delgado: "Es necesario crear instrumentos legales"

[03-12-2014]
Perla Delgado: "Es necesario crear instrumentos legales" SEMlac

La violencia contra las mujeres por motivo de género se reconoce y denuncia poco, se perpetúa como algo natural y acostumbrado, mientras sus víctimas precisan respaldos diversos para poder romper el ciclo del maltrato, recuperar su autoestima y retomar las riendas de sus vidas y decisiones.

Ello implica, necesariamente, apoyo y protección de diverso tipo: psicológico, de salud, afectivo y comunitario, entre otros. Pero estos casos necesitan también de una adecuada protección legal que evite la impunidad, ampare a las víctimas y sancione al maltratador.

En opinión de la jurista Perla Delgado, estudiosa de estos temas, quien ejerció por muchos años en la fiscalía provincial de Cienfuegos y actualmente es profesora en la Facultad de Derecho en ese territorio, "es necesario crear instrumentos legales que garanticen el ejercicio de sus derechos a quienes sufren agresiones, mayoritariamente mujeres". Sobre los vacíos jurídicos y las acciones necesarias en este ámbito, habló la experta con SEMlac.


¿Cuál es la situación de protección que viven las mujeres y las niñas víctimas de violencia?


En Cuba, las metas y sueños de muchas mujeres en el mundo son realidades desde hace mucho tiempo y las políticas para garantizar el avance de la mujer forman parte del programa de desarrollo social. No obstante, las violencias que se dan en el seno de la institución a la que, social y utópicamente, se le asigna un lugar de protección, solidaridad y amor entre sus integrantes: las familias, son hechos que afectan la integridad física y emocional de sus integrantes, entre quienes las víctimas, mayoritariamente, son mujeres que responden a los esquemas del patriarcado como parte de un género que, históricamente, ha estado en una situación social, cultural, económica e incluso, jurídicamente, de desigualdad y de subordinación.

En el plano internacional de los derechos humanos, dos instrumentos internacionales se abocan a esta materia. En primer lugar, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, un instrumento más amplio en pro de la igualdad de género, y la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Ambos garantizan que una persona —sin importar su edad, si posee alguna discapacidad o enfermedad mental—, y en especial si es mujer, tiene derecho a una vida libre de violencia. A tal fin los Estados deben tomar medidas de acción positiva y, ante hechos de ese tipo, proporcionar todos los medios judiciales para garantizar su investigación, juzgamiento, cese y reparación.

Si bien en Cuba existe un amplio marco normativo que tutela los derechos de las mujeres, es necesario crear instrumentos legales que garanticen el ejercicio de sus derechos a quienes sufren agresiones, mayoritariamente mujeres. Asimismo, resulta necesario mayor presupuesto; trabajo interdisciplinario; programas que no se queden en asistir a las víctimas, sino que promuevan —mediante la educación— vínculos sanos y no violentos y, en caso que esta violencia se produzca, brinden dispositivos expeditos para la evaluación del riesgo y la toma de medidas para su cese.

 

¿Cuáles son los principales vacíos de la normativa jurídica cubana para atender y dar curso a la violencia por motivo de género?


En nuestro país no existe una legislación adecuada y específica dirigida al problema de la violencia doméstica, los instrumentos legales vigentes no contienen suficientes herramientas para proteger a las víctimas.

Nuestra legislación penal no recoge ningún tipo delictivo que expresamente se refiera a la problemática de las conductas vinculadas con la violencia intrafamiliar. No contamos tampoco con ninguna ley específica que tutele algunas de las conductas que, en la familia, afectan los derechos de mujeres o niñas víctimas de actos violentos propiamente dichos, que se manifiestan en la convivencia familiar.

La falta de especificidad de nuestras leyes para sancionar actos de esta índole constituye un problema que merece una especial atención. Basta con decir que en el hecho de golpear a una persona, si no hay lesiones que precisen de la asistencia médica, esta conducta no es considerada como delictiva, sino una contravención de carácter administrativo, referida al orden público, que se resuelve en muchos casos (cuando no es considerado como un problema de "marido y mujer", donde "nadie se debe meter"), con la imposición al agresor de una multa, como medida patrimonial de muy escaso valor económico, lo cual añade humillación al abuso y agrava emocionalmente el daño producido.

Tipificar como delito el maltrato físico cuando ocurre en el ámbito familiar traería consigo el reconocimiento legal y social de las características destructivas de dicha problemática, a saber: daños corporales y sicológicos irreparables, que nadie recrimina porque no son legalmente considerados y, en consecuencia, proliferan ante la ausencia de su represión jurídica. Nuestro Código Penal no recoge ni penaliza la violencia de género.

 

Algunas voces hablan de la necesidad de una ley específica para el tratamiento jurídico de la violencia de género y hay opiniones divididas al respecto: a favor y en contra. ¿Cuál es la suya? ¿La cree necesaria? ¿Por qué?


A nivel interno, nuestro país no tiene una ley nacional de protección contra la violencia familiar que contemple las lesiones, maltratos físicos o psíquicos sufridos por las mujeres, así como la protección contra la violencia; es decir la prevención, que busque cesar el riesgo continuo al que se expone a la víctima, situación en la cual la urgencia es patente y existe peligro en la demora de actuación, que puede aparejar consecuencias fatales en la vida y la integridad física y psicológica de las personas. Por ello considero conveniente la creación del Fuero Especializado en Violencia Intrafamiliar, para el abordaje de conflictos que se suscitan en las familias, donde las más vulnerables son las mujeres.

Al mismo tiempo, la equidad e igualdad de género en Cuba —al igual que en toda sociedad— no se alcanzará ni descansará solo en el cuerpo legislativo. La cultura, las actitudes y estereotipos influyen profundamente en el logro de la equidad de hecho entre hombres y mujeres; a la vez que también van permitiendo mayor o menor igualdad de derechos.

En tanto, se impone que los juristas se apropien de un correcto enfoque de género, que les permita interpretar la ley con una mirada diferente y hacer análisis lo suficientemente objetivos de las relaciones hombre-mujer en la sociedad y de los conflictos que entre ellos se producen. Esto redundaría en una provechosa orientación y en una adecuada impartición de justicia en los casos que corresponda.

 

¿Qué otros aspectos, al margen de la ley, influyen actualmente en la actuación de los administradores de justicia ante estos casos?

 

No están creados servicios especializados en la atención a las víctimas. Existe articulación entre los servicios de medicina legal y la policía, pero no así entre estos y los servicios de psicología y orientación legal.

Hay un vacío entre las necesidades de ayuda profesional que podrían tener las víctimas y la respuesta de los servicios de salud y del sistema judicial.

La legislación penal vigente no prevé la representación legal de las víctimas y las condiciones existentes en los locales de la policía no favorecen el tratamiento y orientación a las mujeres maltratadas, lo que permite que sean objeto de revictimización.

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Sara Más

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