Lentes de género y derechos: a propósito de la violencia en la planificación familiar

Dr. C. Livia Quintana Llanio. Centro de Estudios Demográficos, Universidad de La Habana. Especial para No a la Violencia [26-01-2018]
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La planificación familiar, de manera general, se considera como “el conjunto de acciones, que una persona lleva a cabo para determinar el tamaño y la estructura de su familia, el conjunto de decisiones que toma y las prácticas que realiza en torno a su reproducción”[1]. Sin embargo, este proceso que, en última instancia, tiene lugar a nivel individual, involucra las múltiples interrelaciones que se producen también en la toma de decisiones a nivel macro social y en el contexto social próximo en que los seres humanos desarrollan su vida cotidiana.

La pretensión de este trabajo es reflexionar sobre posibles vínculos entre la concepción y el ejercicio de la planificación familiar, como parte de la construcción de los espacios reproductivos, con las relaciones de poder asimétricas que repercuten en la violencia de género hacia las mujeres y los hombres. Para su consecución, resultan pertinentes los enfoques de género y de derechos. El primero permite analizar los sistemas de valores a partir de los cuales se estructura el orden social en torno a la reproducción en nuestras sociedades patriarcales, y junto con la perspectiva de derechos, se lo cuestiona y abre nuevas zonas de sentido para su comprensión y transformación en la búsqueda de la igualdad. Para esta valoración me apoyo, además, en resultados de varias investigaciones con mujeres y varones[2].

Diversas interrogantes se generan si se trata de comprender estos nexos a la luz de los enfoques de género y de derechos. Algunas de ellas se presentan a modo de provocación y servirán como hilo conductor de las ideas:

1. ¿Cuáles son los argumentos en los que se sustenta el desarrollo de programas y servicios de planificación familiar, centrados fundamentalmente en regular el cuerpo de las mujeres, aun cuando en su declaración general se refieran a la pareja y a la familia?

2. Muy relacionado con la anterior, y tomando en cuenta el marcado desbalance existente entre la producción tecnológica en términos de cantidad, variedad y difusión de los recursos y servicios para la regulación de la fecundidad de las mujeres respecto a los masculinos, ¿qué elementos pudieran estar implícitos en esta situación?

3. ¿Resulta suficiente tomar indicadores de acceso a servicios y a métodos de regulación de la fecundidad para valorar el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres?

4. ¿Qué elementos inciden en las relaciones particulares que se producen entre las necesidades- oportunidades-posibilidades y, a su vez podrían condicionar un ejercicio desigual de poder en la toma de decisiones acerca de la planificación de la familia?

Al responder estas preguntas, debe considerarse el contexto en que tuvo lugar la apertura y apogeo de la tecnología anticonceptiva y, aunque con mayor resistencia y conflictividad, el reconocimiento del derecho a las interrupciones voluntarias de embarazos. Estos se desencadenaron a partir de la década de los sesenta, como resultado de las luchas de los movimientos femeninos en aras de que las mujeres tuviéramos acceso a decidir sobre nuestra capacidad reproductiva. Al respecto, Sullerot afirmó que el movimiento francés por la planificación familiar estuvo animado en primer lugar, por el deseo de “‘hacer’ voluntariamente a nuestros hijos”[3]. El desarrollo de los programas de planificación familiar fue muy bien acogido por los movimientos feministas en tanto se consideró que ellos contribuían a un cambio favorable a las mujeres en el ejercicio de poder de decidir cuánta y cuándo tener la descendencia. Hasta hoy esta idea forma parte del imaginario colectivo compartido por las mujeres y los hombres.

En primera instancia pareciera cierto que se produjo un cambio en el ejercicio de control; sin embargo, al profundizar en las relaciones de poder implícitas en las parejas y en la organización de otros sistemas como salud y educación, se reconocen algunos dispositivos que contribuyen a la persistencia del orden patriarcal y que, a nivel de la familia y la pareja, adoptan mecanismos típicos del micromachismo. Estos últimos permiten a los varones mantener el control sobre las decisiones en torno a la reproducción, aun cuando en apariencia parecieran ser las mujeres quienes lo ejercen.

Para intentar ilustrarlo, tomemos dos momentos del proceso: en el inicio de las relaciones coitales en una unión, determinado por los primeros encuentros, semanas o meses, es más frecuente que sean empleados el condón y el coito interrupto, métodos de protección denominados masculinos, pues su uso recae en el cuerpo del varón.

En tanto, posteriormente, sin que haya una temporalidad o condición claramente definida, por lo general se pasa a utilizar métodos que se depositan sobre el cuerpo femenino, entre ellos, los dispositivos intrauterinos (DIU), las píldoras u otros hormonales, bajo el entendimiento de que este asunto es competencia y responsabilidad de las mujeres, por ser nosotras quienes anidamos en nuestro cuerpo el fruto de la concepción.

Este hecho implica al menos, de acuerdo con Bonino[4], una “desigual distribución de la carga mental y física” respecto a la anticoncepción y contribuye a mantener un vínculo inequitativo para unas y otros. En este sentido, la evidencia de investigación empírica y teórica conduce a realizar otras lecturas.

Desde la perspectiva de los estudios de masculinidades, se han venido argumentando hace ya cerca de 20 años otros elementos que merecen ser considerados. Entre ellos se identifica el carácter sexista de los programas y servicios de planificación familiar, centrados básicamente en las mujeres[5], mientras se les concede un papel secundario a los hombres, pese a que ellos son partícipes primarios del proceso reproductivo. Con independencia del contenido de los documentos programáticos que parecieran dirigirse por igual a mujeres y a varones, así como de la posible “complicidad de silencio de los hombres” respecto al reconocimiento de su lugar en los diferentes eventos del proceso reproductivo, las normas y prácticas vigentes permanecen más enfocadas al control del cuerpo femenino a través de los dispositivos tecnológicos de la planificación familiar. Como muestra, tómese en cuenta el marcado desbalance en la cantidad, variedad y amplitud en la difusión de métodos anticonceptivos (MAC) femeninos respecto a los masculinos.

Para el caso de Cuba, por ejemplo, la cobertura anticonceptiva desde 2002 rebasa 76 por ciento. Si se analiza la estructura de uso de anticonceptivos, se aprecia un predominio de los métodos de control femeninos: los DIU, seguidos de la esterilización femenina; en tercer lugar, los métodos hormonales (píldoras más los inyectables) y, finalmente, el condón masculino .Si se examina el acceso y uso de los servicios de planificación familiar, también se observa que se concentra en la población femenina, ya sea como usuaria directa o como acompañante. La organización de los programas y servicios se enfoca en lo fundamental a controlar y orientar a las mujeres. Una evidencia de esto se halla en la población diana del Programa de Riesgo Preconcepcional: la femenina.

Por otra parte, llama la atención el marcado contraste entre la persistente recurrencia a la esterilización de las mujeres frente a la ínfima utilización de la vasectomía, que se acompaña por una escasa difusión y aceptación del método. En esta última, pareciera que la necesidad de preservar la fertilidad en los varones ante el posible cambio de pareja favorece su negativa y, al mismo tiempo, es un indicador de la violencia simbólica del poder patriarcal que se vuelve contra los varones. No obstante, tampoco se constatan estrategias para la educación y promoción de su uso en el sector de la salud en cualquiera de sus niveles de actuación[6].

En un estudio de casos realizado con mujeres y varones en San Miguel del Padrón se valoró que la ausencia de orientación y educación sobre la sexualidad en la familia y en otros ámbitos de socialización, la carencia de acciones de educación y prevención primaria en la atención primaria de salud, de diseminación de la información sobre los servicios y recursos disponibles, propició la falta de competencias y habilidades para el uso eficiente de métodos de protección; para evitar y detectar temprano las gestaciones; y para negociar con la pareja. En la muestra de mujeres y hombres estudiados hubo gestaciones indeseadas entre casi todas ellas y por parte de algunos varones, sin distinción por sus contextos familiares, por la claridad en sus aspiraciones de movilidad social u otros indicadores de fragilidad[7].

Siguiendo con el caso Cuba, un análisis particular merece la recurrencia a las interrupciones voluntarias de embarazo, si se toma en cuenta que se acude a ellas con mucha frecuencia como resultado de gestaciones indeseadas producidas por el no uso, la falla, irregularidad e interrupción de los métodos anticonceptivos[8].

Gran y Quintana identificaron limitaciones en la calidad del conocimiento sobre el uso de los MAC y de los disponibles en el mercado, en especial el condón y las píldoras. Si bien el acceso universal y seguro a las interrupciones voluntarias de embarazo desde 1964, y su regulación en el código penal en 1987, son logros distintivos en el reconocimiento y práctica de los derechos de las mujeres cubanas a decidir sobre nuestros cuerpos, los elementos antes mencionados se vinculan a un ejercicio insuficiente de otros derechos sexuales en el ámbito de la pareja, de la familia y en relación, además, con el acceso y uso de los servicios y recursos de educación y salud sexual.

En el estudio antes referido se consideró que la decisión de interrumpir un embarazo se relacionó con la edad, el cuidado de hijos pequeños, la valoración de la pareja y la actitud del compañero. En los varones incidió también la evaluación de la situación económica. Usualmente se involucraron la mujer, su madre y el coautor. En dependencia de la fortaleza de las redes de apoyo familiar o requerimientos eventuales, se implicaron otros. A menor edad de la mujer y del hombre, la decisión y la búsqueda de soluciones recayó sobre la madre de ella o él, aun cuando la pareja conviviera. Los coautores participaron a partir de su concepción del ser hombre en la relación con la mujer, sobre la reproducción y del valor de la paternidad, en dependencia de sus intenciones reproductivas y las creencias respecto a las interrupciones. El vínculo con la compañera, la in-certidumbre de la paternidad y la prueba de la fertilidad se complementaron y contrapusieron en el modo diferenciado en que se involucraron. Por lo general, concordaron en que ella es quien decide este evento por la conexión biológica, al igual que en otros trabajos sobre la representación social de la maternidad[9].

En estas investigaciones se constataron actitudes ambivalentes y de rechazo hacia la interrupción, en dependencia de la experiencia previa y del género. Los argumentos se relacionaron con la salud, con el compromiso de la fertilidad futura y la preservación de la vida del no nato. Los hombres fueron más radicales en la censura y centrados en la vida del bebé, excepto cuando lo experimentaron. Los sentimientos ante la interrupción de embarazos y su continuidad se vincularon con la evaluación del control de la situación, la concordancia con su intención reproductiva, la calidad de la relación de pareja y la reacción del compañero/a y los familiares[10].

El contexto en que se deciden la disponibilidad, el acceso a los MAC y las interrupciones de embarazo, las características de su uso, las formas de participación de las partes involucradas y las valoraciones en torno a su ejercicio, señalan la persistencia de concepciones propicias a las desigualdades de poder en el control sobre ellos. Ellas se expresan de diferentes maneras en los distintos niveles de la toma de decisiones, sea en la concepción e implementación de programas y servicios de planificación familiar en determinados espacioso, en las prácticas que tienen lugar en las parejas e individuos.

En ese sentido, se requieren transformaciones que incidan en los enfoques al diseñar los programas, servicios y recursos de planificación familiar, sus marcos regulatorios y que contemplen las posibles intersecciones con otros escenarios como el laboral. Ellas deberían partir de los supuestos de que el proceso reproductivo humano es relacional. Esto conlleva a considerar a los individuos, grupos e instituciones involucrados, cuyas necesidades se articulan en los contextos particulares que, a su vez, determinan la relación de estas con las oportunidades y posibilidades para el ejercicio del control en las decisiones en torno a la reproducción, mediados por los sistemas de diferenciación social (género, estatus socioeconómico, color de la piel, generación, territorio, entre otros).

Es preciso, también, que se activen de modo sistemático múltiples influencias educativas dirigidas a la universalidad y a las particularidades de los grupos y espacios sociales, si se aspira a alcanzar la mayor accesibilidad posible. Otro aspecto esencial a tomar en cuenta es la necesidad de la participación de los diversos actores, sin lo cual se corre el riesgo de perder el camino a la inclusión

 


[1]Palma, Y. y Rivera G. (1996). “La planificación familiar en México”, 153-177. En: Langer, A. y K. Tolbert (eds.) Mujer: Sexualidad y salud reproductiva en México. México DR: Edamex/Population Council.

[2]Quintana Llanio, L. (enero- julio de 2013). “Maternidad y paternidad en los imaginarios de mujeres y varones”. En: Novedades en Población (18), 81-90. Quintana Llanio, L. (enero- junio de 2017) “Cuba: fecundidad y toma de decisiones en torno a la reproducción. Miradas en contexto”. En: Novedades en Población (25). Disponible en http://www.novpob.uh.cu. Quintana Llanio et al (2012). Proyecto Piloto Prevención y atención del embarazo adolescente: Estudios de casos Cuba y Venezuela. 2012. Caracas: s/p.

Quintana, Llanio et al (2014). “Comportamiento en torno a la reproducción en la adolescencia. Acercamiento a sus condicionantes”. En: Novedades en Población, 10 (19). Disponible en: http://www.novpob.uh.cu/index.php/rnp/article/view/214.

[3]Sullerot, E. (1993). El nuevo padre. Un nuevo padre para un nuevo mundo. Barcelona: Ediciones B, S.A.

[4]Bonino, L. (2004). Micromachismos-el poder masculino en la pareja "moderna"-. Voces de hombres por la igualdad, 89-109. (J. Lozoya, y J. Bedoya, Recopiladores) España. Recuperado el 15 de julio de 2017.

[5]Figueroa Perea, J. G. (1998). Algunos elementos para interpretar la presencia de los varones en los procesos de salud reproductiva. Cad. Saúde Públ., 14 (Supl. 1), 87-96. Figueroa Perea, J. G. (agosto-noviembre de 2015). Curso Género, Ciudadanía y comportamientos reproductivos. Programa de Doctorado en Estudios de Población (págs. 1-4). México: El Colegio de México Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales.

[6]Quintana Llanio, L. (enero- junio de 2017) “Cuba: fecundidad y toma de decisiones en torno a la reproducción. Miradas en contexto”. En: Novedades en Población (25). Disponible en http://www.novpob.uh.cu.

[7]Ídem.

[8]Gran Álvarez, M. A. (2006). Interrupción voluntaria del embarazo y anticoncepción. Dos métodos de regulación de la fecundidad. La Habana: ECIMED. [8]Quintana Llanio, L. (enero- junio de 2017) “Cuba: fecundidad y toma de decisiones en torno a la reproducción. Miradas en contexto”. En: Novedades en Población (25). Disponible en http://www.novpob.uh.cu.

[9]Quintana Llanio, L. (enero- julio de 2013). “Maternidad y paternidad en los imaginarios de mujeres y varones”. En: Novedades en Población (18), 81-90. Quintana Llanio, L. (enero- junio de 2017) “Cuba: fecundidad y toma de decisiones en torno a la reproducción. Miradas en contexto”. En: Novedades en Población (25). Disponible en http://www.novpob.uh.cu.

[10]Ídem.

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