La institución penitenciaria en la reinserción social de mujeres en doble condición de víctimas – victimarias

Dr. C. Iyamira Hernández Pita (Socióloga). Centro de Salud Mental. Municipio de Boyeros. Especial para SEMlac Cuba [03-07-2018]

Las instituciones son lugares en los cuales una sociedad da respuesta a necesidades o demandas de sus ciudadanos y ciudadanas; donde las personas ejercen sus derechos y obligaciones. La dinámica interna de no pocas de sus relaciones esta permeada por los mitos y prejuicios sexistas que distorsionan la real situación de la mujer maltratada, lo cual dificulta la detección, atención, tratamiento y rehabilitación de los casos.

Igualmente, esos mitos y prejuicios pueden limitar la disponibilidad y accesibilidad a los servicios para garantizar seguridad y protección a las víctimas sobrevivientes de violencia de género y a los agresores.

El actual trabajo resume los resultados de una investigación que centra su atención en las instituciones de control social, específicamente las policiales o judiciales y analiza específicamente los establecimientos penitenciarios como ámbito para la reinserción social de mujeres en doble condición de víctima – victimaria.

Para ello, parte de las concepciones teóricas sobre la política social y su aplicación en el espacio penitenciario, entendidas como el conjunto de medidas que el Estado pone en práctica con el fin de estructurar la sociedad en forma más justa; ya sea a través de servicios sociales no inmediatamente rentables (educación, salud, vivienda, seguridad social, atención a grupos especiales, etc.), o de disposiciones que tienden a aliviar o mejorar la situación social de personas económicamente débiles y jurídicamente desprotegidas[1].

En ese camino, el sistema penitenciario se define como el conjunto de normas generales, establecidas y específicas referidas a las personas en prisión, el modo de su cumplimiento y el tratamiento de los penados y procesados. Tal sistema está constituido por la legislación vigente, los métodos que se emplean para lograr su funcionamiento, las diferentes dependencias encargadas de su aplicación, los equipos de trabajo y la infraestructura carcelaria.

El Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano establece que este es el encargado de garantizar el proceso de ejecución de la sanción de privación de libertad, de la sanción de trabajo correccional con internamiento y la medida cautelar de prisión provisional. Como sistema, es dirigido por la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, se sustenta en la integración de principios, conceptos, procedimientos, fuerzas y medidas que garantizan el funcionamiento de los centros destinados al internamiento y el tratamiento a los internos[2].

Breve recuento histórico

El estudio alrededor de la cárcel como institución se ha movido entre diferentes cuestionamientos, como variante de custodia, como tipo de sanción penal, como mal necesario de la sociedad, hasta su nueva concepción basada en el tratamiento humano reductor de la vulnerabilidad.

Al triunfo de la Revolución cubana, en 1959, se heredó un sistema penitenciario caracterizado por la promiscuidad, la corrupción judicial y administrativa, el crimen despiadado, la discriminación racial y social, y el tratamiento brutal a la persona sancionada, en detrimento de su integridad y de la dignidad humana. Desde entonces comenzó un proceso de transformaciones que contribuyó al mejoramiento de la condición humana y conducta social a quienes permanecen en privación de libertad.

Este proceso se orientó, entre otras, en varias direcciones como la adopción de un sistema progresivo más avanzado y justo, donde el recluso se convierte en objeto del tratamiento educativo, basado en un sistema penitenciario progresivo y donde se ofrecen oportunidades laborales y de superación profesional; apertura de un proceso de comunicación e interacción entre la cárcel y la sociedad; valoración de la personalidad del recluso; personal penitenciario idóneo; aseguramientos de condiciones de vida dentro de la prisión; clima y un ambiente de superación, o sea, dotación de medios para el ejercicio responsable de la libertad[3].

Los paradigmas han cambiado y se imponen a la movible sociedad del siglo XXI otros retos como abatir la violencia, brindar seguridad, superar el castigo, revisar la ley y recuperar a la víctima; en resumen democratizar la sociedad desde el aseguramiento de los bienes jurídicos de todos.

Las mujeres en la institución penitenciaria

El monto de población femenina en cumplimiento de una pena privativa de la libertad representa, tanto en Cuba como en el resto del mundo, una minoría. El ingreso a un centro penitenciario es complejo tanto para hombres como para mujeres, porque la pena privativa de libertad, según César Manzanos, genera desintegración y exclusión social, debilita la personalidad humana, entre otros elementos. Pero cuando a estos elementos se suman los estereotipos de género presentes en el imaginario social, el asunto se agrava[4].

En la actualidad ya hay evidencia de investigaciones sociológicas sobre este fenómeno. Especialistas de la teoría de género de campos y zonas diferentes del mundo[5] han permitido que adquieran relevancia la diferencia con la que se aborda el papel que juegan los hombres frente a las mujeres, tanto en el delito como en la sociedad. Esos autores enfatizan en la mirada hacia las inequidades con relación a aspectos como condiciones de vida, problemas específicos asociados al delito, formas de concebir el mundo y el tratamiento de la justicia.

A su vez, insisten en que la explicación de esta relación inequitativa en la socialización de género no radica en su construcción como seres biológicos, sino en el análisis de los patrones de comportamiento, cuyo propósito es diferenciar lo que la sociedad espera tanto de los hombres como de las mujeres y que se instaura en el imaginario colectivo.

Al respecto, la obra El delito de ser mujer, de Elena Azaola, convoca a la reflexión cuando argumenta que las mujeres, desde la construcción sociocultural de su feminidad, están concebidas para dar vida, no para quitarla, para cuidar de todos, e incluso son responsabilizadas con los procesos formativos de los hijos y demás miembros de la familia; tienden a cumplir de forma más obediente que los hombres con las normas de control social establecidas y cuando incumplen con estos mandatos, son severamente juzgadas.

En este sentido, es necesario retomar tales ideas desde los enfoques de género con el fin de guiar estrategias que alivien o ayuden a aminorar la discriminación contra las mujeres en general, y de las reclusas en el caso de este estudio en particular.

Se ha demostrado a través de investigaciones sociales realizadas en diferentes países que la reclusión afecta profundamente la salud mental de las mujeres –más que la de los hombres- y agrava las circunstancias de exclusión y marginalidad social que las impulsaron al delito[6].

El ingreso de una mujer en un centro penitenciario tiene un carácter específico, a diferencia de los varones, tanto en lo relativo a sus expectativas como a sus efectos más inmediatos. Esta especificidad apenas ha sido analizada y desarrollada en la literatura científica desde la perspectiva de los propios discursos de los profesionales que intervienen en los ámbitos penitenciarios: trabajador social, psicólogo, educador, criminólogo.

En este sentido, una de las carencias que se constata es la insuficiente producción de estudios e investigaciones relativos a la problemática de las mujeres encarceladas desde un enfoque interpretativo de género a partir del análisis de la praxis profesional[7].

Se impone, por tanto, la necesidad de establecer sinergias entre la situación específica de las mujeres presas y los estudios de género, lo cual podría facilitar una perspectiva hermenéutica del análisis de la praxis profesional con las reclusas. El enfoque de género, desde la óptica de la intervención de los diferentes actores profesionales, ofrece un indudable potencial para el estudio social de las relaciones de estatus y de roles adscritos entre hombres y mujeres[8].

Víctimas y victimarias

En el caso de la mujer en doble condición de víctima – victimaria, al cometer el hecho delictivo adquiere, desde la representación social construida por el imaginario colectivo, la condición de asesina del padre de su hijo/a, con lo cual se rompen vínculos afectivos con los miembros de su familia, la comunidad y la familia del occiso. De esta forma, prolonga su estado de victimización, todo lo cual interfiere en el proceso de reinserción social.

El hombre, desde una concepción androcéntrica que no escapa del ámbito penitenciario, está concebido para romper con las normas sociales, lo cual se evidencia, a los efectos de este recorrido teórico, con el reconocimiento de que “las prisiones han sido pensadas históricamente, para el mundo de los hombres”[9].

Todo ello conduce al análisis sobre la mínima influencia que ha tenido la categoría –y los estudios- de género en el sistema penitenciario, al no distinguir el tratamiento individualizado que se le debe dar a mujeres y hombres, limitándose solo a normar la separación de ambos sexos durante el período de reclusión. Además, se asignan a los sexos diferentes estatus y funciones que organizan y consolidan socialmente estas diferencias estructurales entre hombre y mujeres[10].

De hecho, el tratamiento educativo, como especialidad encargada de ejecutar el proceso de estudio, observación y evaluación del interno, además de dirigir toda la actividad educativa que se les dispensa, con la finalidad de prevenir la comisión de nuevos delitos, modificar la conducta , hábitos delictivos, antisociales, educar en valores y fomentar una cultura general integral, centra su praxis en el desarrollo y ejecución de tareas, actitudes, responsabilidades, roles y valores diferenciales[11].

Al respecto, se describe en las disposiciones del Reglamento de Procedimiento y Tratamiento Educativo del Sistema Penitenciario Cubano, como uno de los programas en desarrollo, el de Tratamiento Diferenciado a Mujeres, que dispone: estar recluidas en instalaciones penitenciarias exclusivas para ellas, atendidas por personal de igual género; la incorporación al estudio y el trabajo remunerado, al igual que los hombres, así como capacitación en oficios como: profesora de cultura física y deporte, bibliotecarias, cocineras, gastronómicas, costurera, peluquera, entre otros. La práctica institucional, al estar centrada en roles diferenciales de género, refuerza con estas acciones los de domesticidad, propios de la construcción más tradicional de la feminidad.

Las disposiciones antes descritas evidencian una práctica profesional alejada del enfoque de género que implica empoderar a hombres y mujeres en cuanto a conocimientos, cuotas de poder, igualdad de derechos y oportunidades, desempeño de roles no tradicionales, necesidades afectivas particularidades de la salud, historia lineal, entre otros.

De aquí que para conseguir una praxis profesional con perspectiva de género, se impone la necesidad de una innovación constante, que permita equiparar las inequidades de género entre hombres y mujeres, tanto en los procedimientos, como en los métodos de intervención, que respalden la exigencia de buenas prácticas profesionales.

Un grupo de investigadores cubanos que estudian la relación entre prisión, tratamiento y género, proponen como nuevas pautas para una visión penitenciaria de género, la incorporación de nuevas categorías de clasificación; la creación de destacamentos a partir de la orientación sexual; la introducción en los Planes Educativos de las prisiones de temas relacionados con el género; la eliminación de cualquier tipo de trato discriminatorio por concepto de género y la implementación del enfoque de género en el sistema de derechos de las personas que cumplen sanciones privativas de libertad[12].

La incorporación activa de la perspectiva de género en el campo de la intervención social penitenciaria, por parte de los profesionales presentes en los ámbitos terapéuticos, sociales, jurídicos o educativos, representa una necesidad inaplazable. Se trata, sobre todo, de proporcionar el mismonivel de igualdad de oportunidades sociales rehabilitadoras para las personas en prisión. Esta incorporación facilitaría el desarrollo de un concepto de “oportunidades de género,” ya que es la mujer la que sufre con mayor intensidad los procesos de exclusión y de fragmentación social, una vulnerabilidad que afecta a los sectores sociales de las mujeres[13]. A modo de conclusión, y en consecuencia con estos análisis, se requiere un cambio de actitud en los operadores de las instituciones penitenciarias, correspondiéndoles la máxima responsabilidad a los profesionales de las ciencias sociales y médicas que operan en dicho contexto y que se relacionan con las personas privadas de libertad y el personal de la institución. Esta nueva actitud solo se generalizará en la medida en que quienes operan y toman decisiones en el sistema penitenciario tomen conciencia del efecto dañino de su comportamiento sobre las personas internas y sobre sí mismos.

[1] Ander-Egg (2014). “Enfoques y procesos para la acción social”. Disponible en:

http://trabajosocialunam.wordpress.comp/materiales-de-clase-enfoques-y-procesos-para-la-acción-social.

[2] MININT (2016) Reglamento del Sistema Penitenciario. Libro de Generalidades# 1.

[3]Alarcón, A; Pérez, A; Carmenaty, O. (2010) “Prisión, Tratamiento y Género. Nuevos derroteros ante nuevos escenarios”. Revista digital sobre Pensamiento Penal. Disponible en:

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[4] Manzanos, C (1992). Cárcel y marginación social: Contribución crítica e investigación aplicada a la sociedad Vasca. Disponible en: https://www.casadellibro.com//libro-carcel-y-marginación-social/.

[5] Azaola, E. (2001). El delito de ser mujer. Editorial Plaza y Valdés. México; Castro, R. &Riquer F. (2012 “La investigación sobre violencia contra las mujeres en América Latina: entre el empirismo ciego y la teoría sin datos”. Cuadernos de Salud Pública, Vol. 19, No.1, 135-146.

[6] Así por ejemplo, Fernández (2010) al realizar una investigación con población reclusa del Uruguay, encuentra alta prevalencia de trastornos del estado de ánimo, tratados principalmente por psiquiatría, tales resultados al compararlos con la media nacional, indican que la población reclusa es la mayor consumidora de psicofármacos, evidenciando el problema de salud mental que se manifiesta dentro de las cárceles y la necesidad de la implementación de estrategias que intervengan sobre tal problemática.

[7] Si bien se han llevado a cabo algunos estudios, éstos suelen presentar un sesgo muy concreto al focalizar la atención en aspectos propios de la maternidad y de la salud (Giallombardo, 1996; Campelli, 1992; Cario, 1990) con lo que terminan por reforzar los modelos androcéntricos de la intervención profesional en los contextos penitenciarios.

[8] Amoros, C (2005). “Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales”. En: Violencia y Sociedad patriarcal, Maqueira, Virginia y Cristina Sánchez (compiladoras), Editorial Pablo Iglesias, 1ª edición, Madrid, España, p.1.

[9] López, L. (2009). “Guía metodológica para la asistencia a mujeres víctimas de violencia”. Revista Electrónica de las Ciencias Médicas de Cienfuegos ISSN: 1727-897X 7(5).

[10] Facio, A; Fries, L. (1999). Género y Derecho. Santiago de Chile.

[11] MININT (2016) Reglamento del Sistema Penitenciario. Libro de Generalidades# 1.

[12] Alarcón, A; Pérez, A; Carmenaty, O. (2010) “Prisión, Tratamiento y Género. Nuevos derroteros ante nuevos escenarios”. Revista digital sobre Pensamiento Penal. Disponible en:

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[13]Es decir, esta modalidad de ciudadanía de género tendría un fuerte componente inclusivo desde el cual se promocionarían aquellas acciones e intervenciones específicas en orden a la superación de situaciones estructurales de exclusión social motivadas por adscripción de género. (Bertrand, 1998).

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