Las llamadas nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen hoy un elemento importante en el ejercicio del control, el acoso y la dominación hacia las mujeres. Ellas introducen otras formas de comunicación, interacción y socialización, pero también trasladan a sus escenarios patrones existentes en el espacio físico. Las redes sociales y los teléfonos móviles continúan reproduciendo la disparidad de poder entre hombres y mujeres y favorecen el control, la discriminación y la violencia de género. En busca de reflexiones sobre el tema, No a la Violencia conversó con la psicóloga Dalia Virgilí, la investigadora Carolina García, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) y las periodistas Dayneris Mesa, de la Editora Abril y Sayli Sosa, del periódico Invasor, en la central provincia de Ciego de Ávila.

En el contexto cubano, la política de prevención se encuentra avalada y fundamentada, desde el punto de vista ideológico, por los principios éticos de la Revolución, lo que se expresa en el diseño y desarrollo de políticas sociales concretas. Estas tienen el fin de garantizar las relaciones sociales y armónicas, cohesión e integración de proyectos individuales y colectivos que articulen el desarrollo social sobre el consenso socio ideológico.

No obstante, la prevención requiere, además, de una regulación jurídica que en Cuba se deriva, en primera instancia, de la Constitución de la República, donde se refleja la promoción por el Estado de la formación integral de los ciudadanos, en especial de la niñez y de la juventud, mediante las garantías y derechos que les confiere a todos.

Múltiples han sido los esfuerzos desde las ciencias sociales para impulsar propuestas participativas, dialógicas y que generen un sentido de identidad y compromiso en las organizaciones laborales. A ello se une los acelerados procesos de cambio y reordenamiento económico que vive el sector empresarial productivo y de servicios en nuestra sociedad, marcando una dinámica que se enfoca con más fuerza en la rentabilidad, en elevar los niveles de ingresos y garantizar así un flujo en su gestión, que tribute a elevar la calidad de vida y el bienestar subjetivo de los individuos.

Las brechas legislativas en materia de violencia de género y salud sexual y reproductiva en Cuba hacen que juristas y especialistas se inclinen por un ejercicio más proactivo para defender los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

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