La violencia laboral se genera en las relaciones sociales en el trabajo o durante el desempeño de este y está mediada por relaciones de clase, género y etnia, entre otros elementos. Tiene relación con prácticas sociales discriminatorias, a la vez que responde a formas de organización del trabajo, orientadas a influir sobre su rendimiento.

Los hechos violentos sufridos deben ser considerados accidentes de trabajo y deben otorgárseles a los trabajadores todo tipo de prestaciones que requieran, pues ha quedado demostrado que ocurren cuando lo permiten factores de tipo objetivo, como son las condiciones y medio ambiente laboral, la insuficiencia de personal ante una demanda creciente de trabajo y las malas condiciones de infraestructura.

Desde hace algunas décadas, diversas organizaciones no gubernamentales buscan aunar esfuerzos para contribuir a neutralizar, disminuir y hasta eliminar, si fuera posible, la violencia que existe hacia personas lesbianas, fays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en el contexto general y particular de las instituciones educativas. El anhelo de construir una sociedad inclusiva y sin discriminación es compartido tanto dentro como fuera de Cuba. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en función de promover, respetar y garantizar el pleno derecho a la educación de estas personas. Se conoce que adolescentes y jóvenes LGTBI son cuatro veces más propensos a suicidarse que las y los heterosexuales, debido a la violencia que sufren en las instituciones educativas, situación que frecuentemente se refuerza por la falta de apoyo en sus familias.

La violencia es un comportamiento aprendido, sostienen especialistas; por tanto, también puede “desaprenderse”. Muchas reflexiones teóricas apuntan a la necesidad de trabajar con públicos jóvenes y adolescentes para promover acciones de prevención ante todo tipo de maltrato. ¿Cómo funciona en este caso el activismo de pares? ¿Cómo personas jóvenes, comprometidas con este tema, pueden influir en sus contemporáneos? Tres activistas, integrantes de diferentes proyectos que trabajan prevención de violencia desde puntos de partida diversos, comparten sus criterios con No a la Violencia. Ellos son Karen Alonso Zayas, comunicadora social e integrante del Proyecto Escaramujo, de trabajo con adolescentes; Yasmani Díaz Figueroa, especialista del área de Equidad Social, Género y Desarrollo del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) y coordinador de su Articulación Juvenil por la Equidad Social; y Ulises Padrón Suarez, coordinador nacional de la Red de Jóvenes por la Salud y los Derechos Sexuales, del Centro Nacional de Educación Sexual.

En el caso de las mujeres, la violencia estructural se refleja mejor en el concepto de dominación, algo que va más allá de lo económico. Se trata de una violencia de género derivada del lugar que ellas ocupan en el orden económico y de poder hegemónicos. El que la estructura de la propiedad y de los salarios sea desigual, cobrando menos las mujeres por trabajos iguales a los de los hombres; que la pobreza en el mundo tenga rostro de mujer –la feminización de la pobreza–, es violencia estructural contra ellas. También lo es que el poder con mayúsculas, responsable de la toma de decisiones importantes que atañen a las vidas de hombres y mujeres, esté sesgado a favor de los hombres. Ellos son quienes ocupan los cargos importantes, las presidencias de los gobiernos, las jefaturas de las iglesias, los puestos dirigentes de la mayoría de las instituciones y corporaciones del mundo[1].

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