Datos globales de 2016 estimaban que cerca de 75 por ciento de los usuarios de internet menores de 25 años contaba con un perfil en alguna red social. Cuba ha debutado vertiginosamente en esos conteos estadísticos. Según We Are Social, agencia creativa con sede en el Reino Unido y especializada en social media, a fines de 2018, ya más de la mitad de cubanas y cubanos se conectaba a internet: 6.470.000, lo que representa 56 por ciento de la población del país. En su informe Digital 2019[1] sobre tendencias digitales y de redes sociales en todo el mundo, esta agencia aseveró que el crecimiento porcentual de conectividad coloca a Cuba como el decimosexto país con mayor avance.

Urge despojar los textos periodísticos del mito del amor romántico, ese que desde el “todo lo puede” o “todo lo aguanta” sostiene imaginarios que perpetúan la violencia machista, coincidieron periodistas y profesionales de la comunicación en el XIII Encuentro Internacional de Género y Comunicación “Isabel Moya Richard” in Memoriam., celebrado en La Habana del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Cada 30 segundos una mujer es violentada en Twitter, según un estudio de Amnistía Internacional de 2018. En Wikipedia, de cada diez contenidos, nueve son hechos por hombres. Y cuando escribimos en Google una búsqueda que arranque con “la mujer debe”, la búsqueda automática sugiere que: “debe ser valorada”, “sumisa”, “vestir como mujer”, “agradar a su esposo” y un largo etcétera. La lista es extensa cuando se habla de tecnología y brechas de género que generan violencias y arranca desde las primeras edades con el consumo diferenciado de videojuegos o audiovisuales. Es curioso que una herramienta que se supone deba contribuir a crear espacios de libertad e innovación, sea al mismo tiempo reflejo de los estereotipos y arraigos patriarcales que existen en nuestras sociedades.
Para reflexionar sobre el te

Existen determinadas conductas que portan contenidos muy discriminatorios, pero a menudo se esconden bajo “cortinas inofensivas” y, por ello, quedan fueran del radar de la norma jurídica que suele sancionar estos actos. Generalmente, pasa también que estas “discriminaciones” han sido naturalizadas en la sociedad y son pasadas por alto. Es evidente que no basta un texto constitucional, ni nuevas legislaciones para lograr la inclusión real de todas las personas.

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