En México, los Centros de Justicia para las Mujeres constituyen la política pública más importante que se ha implementado para combatir y dar atención a mujeres víctimas de violencia, sin embargo, carecen de certeza jurídica, de fortaleza institucional, de programas operativos e, incluso, de lineamientos para elegir a sus titulares.

"Me golpeó tan bestialmente en la cabeza, que me provocó pérdida de la visión de un ojo, desorientación y disociación", contó la mujer a la investigadora, aún en estado de fuerte conmoción, a pesar de haber transcurrido algún tiempo desde los hechos.

Aunque no existe en Cuba un sistema integral estatal que atienda a las personas sobrevivientes de la violencia de género, especialistas, instituciones y activistas insisten en la necesidad de implementarlo. Con esos servicios debiera ponerse en práctica, también, un protocolo de atención que permita actuar frente a esos casos y proveer de apoyo psicológico, médico y legal a quienes padecen situaciones de ese tipo.

Especialistas de diversas disciplinas coinciden en afirmar que prevenir y atender la violencia de género también requiere del ajuste de las legislaciones en los países, en busca de herramientas específicas para sancionar los delitos vinculados al tema. ¿Cómo se comporta este debate en Cuba? ¿Cuáles son las brechas o fortalezas de la actual legislación? Para reflexionar sobre el asunto, No a la Violencia invitó a la jurista Arlín Pérez Duharte, profesora de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana; y a la socióloga Iyamira Hernández Pita, autora del libro Violencia de género: una mirada desde la sociología, que incluye las historias de vida de 10 cubanas presas por haber dado muerte a sus parejas.

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