La autoridades cubanas reportaron 21 casos de trata de personas juzgados en 2016, de acuerdo con el "Informe de Cuba, Prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas 2017", publicado a fines del pasado año.

Unas 10 mujeres de cada 30 declararon haber recibido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o económica durante 12 meses, según devela un estudio que también arroja baja percepción sobre este problema en la sociedad cubana.

A inicios del presente año tuvo lugar en el Hotel Nacional el panel “Desafíos actuales para la atención integral y prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en Cuba”. Esta actividad, convocada por el Centro de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero”, permitió que un grupo de colegas, personas expertas en la materia, expusieran sus consideraciones al respecto. Lo planteado por ellos me ayudó de manera significativa a organizar mis criterios sobre los procesos que se vienen desarrollando en el país en relación con estos objetivos, algunos de los cuales he tenido la posibilidad de vivir en carne propia por algo más de una década de trabajo profesional.

Construir una ruta crítica para la atención a la violencia de género en el sector judicial pasa por atender múltiples desafíos entre los que se encuentra qué hacer con las víctimas durante el proceso penal, sostuvo la jurista Arlín Pérez Duarte, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, durante el taller Violencias, Sexualidades y Derechos Humanos, celebrado la pasada semana en la capital cubana.

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