Un estudio sobre violencia contra las mujeres en 2003, en México, demostró que, entre las usuarias de los servicios de salud pública, el 17 por ciento reportó haber sido alguna vez en su vida víctima de violencia sexual. De ellas, el ocho por ciento la vivió antes de los 15 años, de acuerdo con el documento "México: Addressing Family and sexual Violence through public Policy". El texto, publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que, frecuentemente, el perpetrador de estas agresiones es el padre, padrastro o algún miembro de la familia. La encuesta también reveló que la violencia suele ser de niveles altos cuando es causada por alguien involucrado emocionalmente con la víctima. Por ello, el cuarto Programa de País que están desarrollando desde 2002 el UNFPA y el Consejo Nacional de Población (Conapo), con miras a finalizar este año, tiene como uno de sus principales objetivos la prevención de la violencia sexual y el desarrollo de campañas de información y comunicación en salud sexual y reproductiva. Para ello, uno de los proyectos en México es el "Implementing a Strategy for Comprehensive Care for Survivors of Sexual Violence in Latin America: Linking Health Services, Legal Services and Community-based Initiatives" (CIMAC)
Con la pregunta: ¿cuál es el país que espera, sueña y desea?, el Polo Político Feminista de Izquierda irrumpe en la escena sociopolítica mexicana, en momentos en que la reforma del estado y de la sociedad son los temas más candentes en este país, luego del proceso electoral de 2006, cuando quedó roto el pacto social y se instauró un gobierno de la República bajo sospecha. Participan en esta agrupación mexicanas de movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y feministas independientes de todo el país, quienes incidieron en la Convención Nacional Democrática, que los días 24 y 25 de marzo celebrará su segunda reunión. Este Polo Político Feminista de Izquierda aglutinará a mujeres de práctica feminista y/o social y política, y será el comienzo de la reorganización de todas las mexicanas, atendiendo a una antigua tradición. Los primeros derechos sociales y políticos de las mexicanas nacieron del primer Congreso Feminista celebrado en 1916; y crecieron y se concretaron en el Frente Pro Derechos de la Mujer de 1936. Pasaron por formaciones como la Coordinadora Nacional Feminista de 1976; por el Frente por la Liberación y Los derechos de la Mujer de 1978, por un proceso de convenciones y pactos plurales entre mujeres desarrollado en los noventa y que concluyó con la construcción de un Plan de Igualdad en 1997. Este proceso colocó a la ciudadanía femenina en una sensación de avance que, en realidad, fue una simulación, porque no hubo la voluntad política que revirtiera su condición subordinada y oprimida (SEMlac).
Reportes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel mundial en 2005 cerca de 2,4 millones de personas fueron víctimas de la trata y pasaron a trabajar en condiciones de explotación, mientras estimaciones del Departamento de Estado estadounidense indican que alrededor de 100.000 latinoamericanos y caribeños corren igual suerte. En los últimos años, la trata de personas se ha convertido en el tercer crimen más lucrativo a nivel mundial, pues genera ingresos por 32.000 millones de dólares, de los cuales el 85 por ciento proviene del comercio sexual donde las víctimas son, en su mayoría, mujeres y niñas. Una investigación realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), denominada Estudio exploratorio sobre Trata con fines de explotación sexual en Argentina, Chile y Uruguay, publicada en diciembre de 2006, señala que la escasa información torna este problema imperceptible para la ciudadanía y, a la vez, da origen a cierta invisibilidad a nivel institucional que propicia un alto índice de impunidad. Mercedes Assorati, coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas de la OIM, manifestó a SEMlac que "la situación económica y la falta de oportunidades son algunos de los motivos por los cuales la trata está en crecimiento; porque las víctimas resultan más vulnerables. Aceptan cualquier tipo de empleo para salir de la situación en que se encuentran" (SEMlac)
Poco antes de que el mundo conmemorara el Día Internacional de la Mujer, congresistas conservadores bloquearon la aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, generando la protesta de organizaciones feministas y de las centrales sindicales que, desde hace cinco años, exigen contar con una ley marco para prevenir, erradicar y sancionar las inequidades de género en el Perú. Durante el debate del dictamen de consenso, presentado por la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social a la Comisión Permanente del Congreso, algunos congresistas señalaron que, por la manera en que está formulada la ley, ésta podría ser inconstitucional. El congresista Víctor Andrés García Belaunde, del partido de centro derecha Acción Popular (AP), expresó su temor de que la ley viole la Constitución al incluir términos como equidad de género y salud sexual y reproductiva. Para Javier Bedoya de Vivanco, congresista por la alianza conservadora Unidad Nacional (UN), ya se tienen 22 leyes sobre discriminación y no se necesita una adicional. Mientras, la congresista Fabiola Morales, también de UN, afirmó que desde afuera han impuesto el concepto de equidad de género y que el género para ella siempre será una tela (tejido textil). "Los congresistas olvidan que equidad de género y salud sexual y reproductiva son conceptos reconocidos en tratados internacionales, firmados por el Perú", señaló Blanca Fernández, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (SEMlac)

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