El desempleo en Bolivia va en descenso y, en el caso de las mujeres, la situación empeora porque afecta al 13 por ciento, las que trabajan todavía siguen ganando menos que los varones y el 70 por ciento realiza actividades terciarias o por cuenta propia, lo que implica que carecen de todos sus derechos laborales. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) evaluó el estado laboral del país en el contexto de los cambios que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales, durante el foro "Empleo, condiciones laborales y seguridad social", organizado por la Plataforma por el Derecho a Trabajo. Según CEDLA, la situación poco o nada ha cambiado en comparación con anteriores administraciones "neoliberales", que durante 22 años mantuvieron a Bolivia como el mejor alumno de los organismos internacionales. El Estado sólo genera el 12 por ciento del empleo asalariado, a diferencia del 28 por ciento de otros países, mientras que el sector privado ofrece empleo flexibilizado, es decir, que lo hace vulnerando la legislación laboral, sostuvo el experto Bruno Rojas. Las mujeres y la gente joven padecen las peores condiciones laborales. Por ejemplo, en la ciudad de El Alto, ubicada al lado de la sede de gobierno y donde la pobreza afecta al 66,9 por ciento de sus habitantes, 85 de cada 100 personas de estos grupos poblacionales trabajan en el comercio y los servicios, y carecen de los mínimos derechos como trabajadores (SEMlac).
La industria textil y de prendas de vestir en México se caracteriza por tener condiciones de empleo y trabajo precarios: bajos salarios, largas jornadas, condiciones deficientes, una importante mano de obra femenina e infantil, bajos niveles de sindicalización y una alta rotación de las y los trabajadores, afirma el estudio "El trabajo en la Industria Textil y del Vestido en México", de María Eugenia Martínez de Ita, Germán Sánchez Daza y Guillermo Campos Ríos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que cerca del 80 por ciento de las y los trabajadores de la industria textil son mujeres sin experiencia y con muy pocos conocimientos sobre sus derechos laborales. Generalmente, dice la organización, llegan a trabajar de zonas rurales y han abandonado sus estudios para conseguir dinero para sus hogares. Los empresarios contratan mujeres porque reciben un sueldo más bajo que los hombres. Muchas son sometidas a hostigamientos y represión y algunas empresas maltratan y obligan a renunciar a las mujeres embarazadas, para evitar el gasto de beneficio por maternidad. Los empresarios, señala Unicef, a veces se aprovechan de las necesidades económicas que tienen las trabajadoras y ejercen sobre ellas violencia de manera física, verbal y sexual (CIMAC).
El acto del primero de mayo, convocado por la central única de trabajadores PIT-CNT de Uruguay, contó este año con una inédita manifestación interna: un centenar de mujeres, pertenecientes a 115 organizaciones no gubernamentales, se concentraron donde se llevan a cabo los festejos, cada año, portando manos anaranjadas de todos los tamaños. En ellas iba estampada la leyenda "Voto a favor de Salud Reproductiva", como símbolo que identifica la campaña por la despenalización del aborto en el país. La concentración femenina fue convocada por la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales en Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, la cual distribuyó, entre los participantes del acto, una proclama acompañada de la característica mano. En el manifiesto, se demanda discutir y aprobar el proyecto de ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que está en estudio por parte del Senado desde el 29 de mayo de 2006. La Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales en Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva entiende que "aprobar esta ley implica un paso sustantivo en el respeto y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a decidir sobre la interrupción de un embarazo, dignificando así a la sociedad uruguaya y, en particular, a la vida de sus mujeres"(SEMlac)
Para las autoridades del Estado de México, el caso Atenco "está cerrado" y "nunca" hubo violaciones y abuso sexual de elementos de los cuerpos policíacos contra las mujeres detenidas durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006. Pero, para las víctimas, esto no ha terminado y no cesarán de exigir justicia y castigo para los responsables. Barbara Italia -una de las detenidas que continúa en proceso, acusada de ataque a las vías de comunicación- manifestó su desconfianza de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres (Fevim) llegue al fondo del asunto. "No me quedaré callada porque eso sería seguir propiciando la impunidad", señaló. El director el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín P. Juárez (Prodh), Luis Medina Macías, señaló que, pese a que esta fiscalía ha mostrado "voluntad" y disposición para el desahogo de pruebas y ha brindado atención psicológica a las víctimas, es su obligación concluir la investigación y sancionar a los responsables (CIMAC)

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