De 1995 a lo que va de 2007, compañeros o ex parejas asesinaron a casi 300 mujeres costarricenses, pese a la protección dictada por los tribunales en favor de la mayoría, según datos del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). El recuento de esos asesinatos y la polémica acerca de la efectividad de las medidas cautelares contra los agresores cobró fuerza en el país, donde la criminalidad creciente obligó a crear comisiones estatales enfocadas directamente a la problemática. Especialistas vinculadas al Inamu coincidieron en que la situación cobra ribetes de emergencia nacional y reiteraron las demandas a favor de la aprobación del Proyecto de Ley para Penalizar la Violencia contra las Mujeres. La propuesta rueda por los pasillos de la Asamblea Legislativa desde hace más de ocho años y contempla el establecimiento de la figura del feminicidio, del maltrato y de los delitos de violencia sexual directa o indirecta. Silvia Mesa, de esa entidad, consideró que existe un porcentaje de atacantes con un perfil muy agresivo para quienes las medidas de protección establecidas por la Ley 7586 contra la violencia doméstica (1996) son insuficientes. La coordinadora del Inamu aboga por reforzar las penas contra los represores porque la mayoría de ellos quedan en la impunidad y eso incita a creer que golpear a una mujer es gratuito en Costa Rica, según sus palabras. El repaso de la ley vigente muestra la posibilidad de adoptar medidas de protección sin necesidad de iniciar procedimientos civiles o penales, pero establece penas de sólo 15 días a un año contra "quien desobedeciere la orden impartida por un funcionario" (CIMAC).
Las mujeres trabajan más que los hombres, dice el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Y en los países en desarrollo, según Oxfam, las mujeres trabajan entre 60 y 90 horas a la semana. Ocurre en Asia, América Latina y África subsahariana, donde las horas que ellas dedican al trabajo pueden superar por un amplio margen a las que ellos dan. Por eso, aquellas que dedican la mayor parte de sus horas laborales al trabajo no remunerado en el hogar, invierten menos tiempo en trabajo pagado, dice Unicef en su informe del Estado Mundial de la Infancia 2007. En las zonas urbanas de 15 países latinoamericanos, señala el organismo, el trabajo doméstico no remunerado "constituye la principal actividad de una de cada cuatro mujeres". Mientras que es el principal empleo no remunerado en uno de cada 200 hombres. Pero, incluso cuando las mujeres participan en el mercado laboral de forma remunerada, la mayor parte de las labores domésticas continúa recayendo en ellas. Sondeos sobre el empleo del tiempo, practicados en seis estados de la India, revelan que las mujeres dedican generalmente 35 horas semanales a las tareas domésticas y al cuidado de niñas, niños, ancianos y enfermos, frente a cuatro horas por semana que invierten los hombres. El reparto de las tareas del hogar no es muy distinto en los países industrializados, dice el informe, si bien la disparidad entre los géneros en relación con la carga total de trabajo es menos acentuada que en los países en desarrollo, las mujeres de las naciones ricas continúan dedicando muchas más horas que los hombres al trabajo no remunerado (CIMAC).
Un estudio sobre violencia contra las mujeres en 2003, en México, demostró que, entre las usuarias de los servicios de salud pública, el 17 por ciento reportó haber sido alguna vez en su vida víctima de violencia sexual. De ellas, el ocho por ciento la vivió antes de los 15 años, de acuerdo con el documento "México: Addressing Family and sexual Violence through public Policy". El texto, publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que, frecuentemente, el perpetrador de estas agresiones es el padre, padrastro o algún miembro de la familia. La encuesta también reveló que la violencia suele ser de niveles altos cuando es causada por alguien involucrado emocionalmente con la víctima. Por ello, el cuarto Programa de País que están desarrollando desde 2002 el UNFPA y el Consejo Nacional de Población (Conapo), con miras a finalizar este año, tiene como uno de sus principales objetivos la prevención de la violencia sexual y el desarrollo de campañas de información y comunicación en salud sexual y reproductiva. Para ello, uno de los proyectos en México es el "Implementing a Strategy for Comprehensive Care for Survivors of Sexual Violence in Latin America: Linking Health Services, Legal Services and Community-based Initiatives" (CIMAC)
Con la pregunta: ¿cuál es el país que espera, sueña y desea?, el Polo Político Feminista de Izquierda irrumpe en la escena sociopolítica mexicana, en momentos en que la reforma del estado y de la sociedad son los temas más candentes en este país, luego del proceso electoral de 2006, cuando quedó roto el pacto social y se instauró un gobierno de la República bajo sospecha. Participan en esta agrupación mexicanas de movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y feministas independientes de todo el país, quienes incidieron en la Convención Nacional Democrática, que los días 24 y 25 de marzo celebrará su segunda reunión. Este Polo Político Feminista de Izquierda aglutinará a mujeres de práctica feminista y/o social y política, y será el comienzo de la reorganización de todas las mexicanas, atendiendo a una antigua tradición. Los primeros derechos sociales y políticos de las mexicanas nacieron del primer Congreso Feminista celebrado en 1916; y crecieron y se concretaron en el Frente Pro Derechos de la Mujer de 1936. Pasaron por formaciones como la Coordinadora Nacional Feminista de 1976; por el Frente por la Liberación y Los derechos de la Mujer de 1978, por un proceso de convenciones y pactos plurales entre mujeres desarrollado en los noventa y que concluyó con la construcción de un Plan de Igualdad en 1997. Este proceso colocó a la ciudadanía femenina en una sensación de avance que, en realidad, fue una simulación, porque no hubo la voluntad política que revirtiera su condición subordinada y oprimida (SEMlac).

Información adicional