Niñas, niños y adolescentes de la ciudad de El Alto, en Bolivia, "vacunaron" a todos los adultos verdaderamente dispuestos a dejar de maltratarlos y a quienes nunca quisieran hacerlo. La inmunización consistió en ingerir una pastilla de chocolate y el compromiso se selló con el registro de nombre, apellidos y firma. Con un gran entusiasmo y vestidos para la ocasión, con barbijos (mascarillas) y guantes, pequeñas y pequeños vacunadores instalaron sus puestos en el campo ferial de la Prefectura y comenzaron su labor desde las nueve de la mañana, durante la Primera campaña de vacunación contra el maltrato de niñas, niños y adolescentes, organizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de El Alto y promovida por Eco Jóvenes. Entre enero y marzo de 2007, la Defensoría atendió 4.590 casos de delitos contra los derechos de niñas, niños y adolescentes. El año pasado abrió 17.496 sumarios, de los cuales, 9.788 casos (60 por ciento) tuvieron por víctimas a mujeres menores de 18 años (SEMlac)
Alfredo Cabrera Opazo fue condenado a cadena perpetua por el parricidio de su hija Javiera y a ocho años por el homicidio frustrado de su ex pareja Claudia Neira. Cabrera pasará, como mínimo, 40 años en la cárcel, antes de optar por algún beneficio que le permita salir en libertad. Aun cuando la defensa intentó probar que no se encontraba en plenas facultades mentales al atentar contra Javiera y su madre, el Cuarto Tribunal Oral estimó, por unanimidad, que Cabrera Opazo era totalmente responsable del crimen de su hija. La abogada querellante, Patsili Toledo, expresó, fuera del tribunal, que esta condena marca un precedente en el país para los juicios que afrontan la violencia contra las mujeres. En lo que va de 2007 ya se han reportado 18 asesinatos de mujeres en Chile, confirmó la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz. Según estadísticas de Carabineros de Chile, en 2006 se registraron 2.138 denuncias por violencia intrafamiliar, catalogada como de lesiones graves, menos graves o gravísimas, mientras que se cuentan en 93,691 las denuncias estimadas como de lesiones psicológicas o leves (SEMlac).
Ana María Acevedo es una joven argentina que falleció el 17 de mayo porque le negaron su derecho al aborto terapéutico, contemplado por la legislación argentina en caso de que la vida de la madre esté en riesgo. La joven sólo tenía 20 años, tres hijos nacidos mediante cesáreas y era analfabeta. En octubre de 2006, le diagnosticaron un tumor y se sometió a terapia con radiaciones, pero dos meses después le detectan un embarazo de cuatro semanas. Ante esta situación, los padres de la joven solicitan un aborto terapéutico para que su hija pudiera acceder al tratamiento contra el cáncer, pedido que le fue negado por un Comité de Bioética que expidió su negativa y aconsejó que Ana María continuara la gestación hasta las 24 semanas, para así practicarle una cesárea y luego comenzar con el tratamiento oncológico, pues aseguró que tanto la madre como el embrión no corrían riesgo. Desde entonces, su vida se convirtió en un martirio, porque le negaron, precisamente, el derecho a la vida. También le habían negado la ligadura de trompas, permitida por ley, debido a la incompatibilidad sanguínea con sus tres hijos nacidos por cesárea. Ana María estuvo obligada a soportar su embarazo y, a la vez, los fuertes dolores del cáncer. Finalmente, en abril fue sometida a una cesárea y su niña logró sobrevivir apenas 24 horas. Luego de soportar las más indolentes de todas las miserias, Ana María murió el 17 de mayo(SEMlac)
Aquellos gritos de las madres argentinas que querían saber el paradero de sus hijos durante la dictadura militar (1976-1986), hoy se renuevan en las súplicas de otras madres con hijas desaparecidas durante la democracia. "Las estamos buscando, las queremos con vida", dicen, al reclamar el paradero de las mujeres, niñas y niños que, en la actualidad, son víctimas de las redes de prostitución. Desde abril, el tercer día de cada mes, familiares, amigos y la sociedad civil marcharán por las calles porteñas para demandar la aparición de estas mujeres y solicitar una legislación que penalice el accionar de las redes encargadas de reclutarlas para la posterior explotación sexual o laboral. El 3 de mayo se realizó la segunda movilización y cientos de personas marcharon por las calles lindantes al Congreso de la Nación para pedir por la aparición con vida de estas víctimas. Carteles con los rostros de mujeres y niñas secuestradas, pancartas con las leyendas "¡Ni una desaparecida más!", desviaron las miradas de los transeúntes. Según los datos de la Oficina Internacional de Migraciones, desde 2002 hasta 2006 fueron asistidas 117 mujeres víctimas de explotación sexual(SEMlac)

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