Mil mujeres llegaron a la Estación Mapocho, antigua terminal de trenes convertida hoy en centro de eventos, para participar en la reunión final del Congreso de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, entre el 21 y 23 de marzo, en Santiago de Chile. La capital recibió, como pocas veces, un caudal de mujeres dispuestas a denunciar las injusticias y luchar por sus derechos, fruto del trabajo que la ANAMURI realizó durante un año para que ellas se tomaran la palabra en cada rincón de Chile. Y así lo han hecho. Exigen "un programa amplio de Reforma Agraria, que entregue tierras a campesinos y pueblos indígenas, con un cuidado especial por garantizar la entrega de tierras a mujeres y jóvenes". Además, están determinadas a "luchar por el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y autodeterminación, que incluya la devolución de los territorios ancestrales a los pueblos indígenas". Así se lee en la declaración del Congreso, que contiene 12 puntos y aborda distintos temas, que van desde el cuestionamiento del sistema neoliberal en Chile hasta la denuncia de las condiciones laborales de quienes trabajan en el agro, sin olvidar advertir que el medio ambiente está amenazado por distintas actividades industriales. Mafalda Galdames, integrante de la dirección de ANAMURI, explica a SEMlac que las condiciones laborales de las trabajadoras temporeras continúan siendo precarias y que les preocupa mucho no tener derecho a una jubilación digna, debido al régimen de trabajo al que están sujetas (CIMAC).
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) reconoció la aprobación por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el 12 de abril, de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Esta legislación tiene como fin la protección de los derechos de las víctimas de la violencia, así como la sanción de todas sus manifestaciones -física, psicológica, sexual y patrimonial- en contra de las mujeres mayores de edad, en el contexto de una relación de poder o de confianza. La Relatoría sobre derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describe en su informe de enero de 2007 "Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas", los grandes obstáculos que las mujeres enfrentan cuando procuran acceder a una tutela judicial efectiva para remediar los actos de violencia. Indica además que las mujeres víctimas de violencia no logran un
acceso expedito, oportuno y efectivo a la justicia, lo que propicia la impunidad.
La Ley de penalización de la violencia contra las mujeres implica un cambio en lo penal y en la concepción tradicional de los delitos relacionados. Esperamos, dice el IIDH, que impacte positivamente en la vida de las mujeres, quienes tendrán mayor protección contra la violencia en lo que toca a las relaciones con sus parejas
(CIMAC)
Aunque el acceso a tratamiento antirretroviral para el VIH/sida en países de bajos y medianos ingresos aumentó 54 por ciento en el último año, sólo 11 por ciento de las embarazadas seropositivas reciben los antirretrovirales (ARV) necesarios para evitar la transmisión de madre a hijo. Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto contra el Sida (ONUSIDA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) coinciden en que aún son insuficientes los esfuerzos para alcanzar la cobertura universal a la que apuntan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El aumento en la cobertura se debe a varios factores, explicó Paulo Lyra, asesor de comunicación de la unidad de VIH/sida de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Sobre todo, responde a una mayor voluntad política de los gobiernos de proveer tratamiento antirretroviral, y también, de alguna manera, a la baja de los precios", dijo. Los avances en la cobertura de tratamiento se registran en todas las regiones del mundo, pero con disparidades. Así, por ejemplo, mientras que en América Latina y el Caribe el 72 por ciento de las personas seropositivas tienen acceso a los medicamentos, en el norte de África sólo lo tiene el seis por ciento, dice el informe (CIMAC)
Para contrarrestar la anorexia y la bulimia es necesario eliminar la talla cero y acompañarla del apoyo de padres de familia, maestros y medios de comunicación, además de la prohibición de contratar modelos con bajo peso, o suprimir el requisito de "figura esbelta" para acceder a distintas fuentes laborales, afirmó María del Carmen Iqarritu Pérez, especialista de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por ello, añadió, es positiva la propuesta de las y los legisladores para evitar los trastornos alimenticios, aunque la mejor forma de erradicar estos padecimientos, que afectan a entre uno y cinco por ciento de la población mexicana joven, es la prevención. Esto es posible a través de la enseñanza, desde la infancia, de un estilo de vida saludable, que incluya una dieta adecuada, y practicar ejercicio de forma recreativa diariamente, propuso. A la población infantil y juvenil, abundó, los progenitores, docentes y medios de comunicación le deben hablar más de la autovaloración, mediante aspectos que no sean sólo los de la figura, y estar alertas ante cualquier signo de estos padecimientos. Ello, porque la anorexia o bulimia son enfermedades socialmente promovidas en ciertos ambientes, donde las modelos son excesivamente delgadas, refirió. La nutrióloga, del Departamento de Salud Pública de la FM, expuso que México aún no se encuentra en niveles tan elevados como ocurre en España, pero se se ha incrementado la prevalencia de estos casos en entidades como el Instituto Nacional de Psiquiatría (CIMAC).

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