El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) reconoció la aprobación por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el 12 de abril, de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Esta legislación tiene como fin la protección de los derechos de las víctimas de la violencia, así como la sanción de todas sus manifestaciones -física, psicológica, sexual y patrimonial- en contra de las mujeres mayores de edad, en el contexto de una relación de poder o de confianza. La Relatoría sobre derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describe en su informe de enero de 2007 "Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas", los grandes obstáculos que las mujeres enfrentan cuando procuran acceder a una tutela judicial efectiva para remediar los actos de violencia. Indica además que las mujeres víctimas de violencia no logran un
acceso expedito, oportuno y efectivo a la justicia, lo que propicia la impunidad.
La Ley de penalización de la violencia contra las mujeres implica un cambio en lo penal y en la concepción tradicional de los delitos relacionados. Esperamos, dice el IIDH, que impacte positivamente en la vida de las mujeres, quienes tendrán mayor protección contra la violencia en lo que toca a las relaciones con sus parejas
(CIMAC)
Aunque el acceso a tratamiento antirretroviral para el VIH/sida en países de bajos y medianos ingresos aumentó 54 por ciento en el último año, sólo 11 por ciento de las embarazadas seropositivas reciben los antirretrovirales (ARV) necesarios para evitar la transmisión de madre a hijo. Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto contra el Sida (ONUSIDA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) coinciden en que aún son insuficientes los esfuerzos para alcanzar la cobertura universal a la que apuntan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El aumento en la cobertura se debe a varios factores, explicó Paulo Lyra, asesor de comunicación de la unidad de VIH/sida de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Sobre todo, responde a una mayor voluntad política de los gobiernos de proveer tratamiento antirretroviral, y también, de alguna manera, a la baja de los precios", dijo. Los avances en la cobertura de tratamiento se registran en todas las regiones del mundo, pero con disparidades. Así, por ejemplo, mientras que en América Latina y el Caribe el 72 por ciento de las personas seropositivas tienen acceso a los medicamentos, en el norte de África sólo lo tiene el seis por ciento, dice el informe (CIMAC)
Para contrarrestar la anorexia y la bulimia es necesario eliminar la talla cero y acompañarla del apoyo de padres de familia, maestros y medios de comunicación, además de la prohibición de contratar modelos con bajo peso, o suprimir el requisito de "figura esbelta" para acceder a distintas fuentes laborales, afirmó María del Carmen Iqarritu Pérez, especialista de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por ello, añadió, es positiva la propuesta de las y los legisladores para evitar los trastornos alimenticios, aunque la mejor forma de erradicar estos padecimientos, que afectan a entre uno y cinco por ciento de la población mexicana joven, es la prevención. Esto es posible a través de la enseñanza, desde la infancia, de un estilo de vida saludable, que incluya una dieta adecuada, y practicar ejercicio de forma recreativa diariamente, propuso. A la población infantil y juvenil, abundó, los progenitores, docentes y medios de comunicación le deben hablar más de la autovaloración, mediante aspectos que no sean sólo los de la figura, y estar alertas ante cualquier signo de estos padecimientos. Ello, porque la anorexia o bulimia son enfermedades socialmente promovidas en ciertos ambientes, donde las modelos son excesivamente delgadas, refirió. La nutrióloga, del Departamento de Salud Pública de la FM, expuso que México aún no se encuentra en niveles tan elevados como ocurre en España, pero se se ha incrementado la prevalencia de estos casos en entidades como el Instituto Nacional de Psiquiatría (CIMAC).
Las mujeres británicas con niños menores de 11 años son las más discriminadas en el trabajo y cuentan con 45 por ciento menos de oportunidades que los hombres en las mismas condiciones, según un estudio publicado en Gran Bretaña. De acuerdo al informe, una madre con hijos menores de 11 años sufre más oposición en la bolsa de empleo que personas con discapacidades motoras o grupos de minorías étnicas. Aunque el crecimiento económico fue enorme en Gran Bretaña, aún se siguen cometiendo discriminaciones contra la mujer en las fuentes de trabajo. La investigación fue comisionada por el gobierno del primer ministro, Tony Blair, para examinar los factores de raza, género y edad en el mercado laboral. Según las 122 agencias de reclutamiento laboral, más del 70 por ciento de los empleadores británicos admitió que se niega a contratar a mujeres embarazadas o con hijos menores de 11 años. También indicó que las personas con discapacidades motrices tienen 29 por ciento menos de posibilidades de conseguir un trabajo que aquellas sin incapacidades. El reporte advirtió, además, que en caso de no tomarse medidas urgentes, ni siquiera los bisnietos de los parlamentarios actuales verán igualdad de oportunidades para hombres y mujeres dentro de la Cámara de los Comunes. En la actualidad, tardará hasta 2085 saldar la diferencia entre hombres y mujeres en materia laboral (Rima).

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