Gilda Camino tiene una frase predilecta cuando habla del antiguo Convento de Belén, en la capital cubana, y del grupo de más de 500 ancianos, la mayoría mujeres, que allí se encuentran a diario: “Es mi remanso de paz”, asegura esta señora de 72 años.

Cada mañana, sus pasos la llevan a la vetusta edificación religiosa del siglo XVIII habanero, en el centro histórico de la ciudad, y cada día encuentra allí nuevos motivos para sentirse feliz de estar viva. “La vejez sólo la siento en la piel, porque mi alma y mi corazón siguen siendo jóvenes”, comenta Camino, con más de 15 años al frente del “círculo de abuelos”, un grupo de personas adultas y ancianas que allí se reúnen.

La virulencia política y el debate social que tienen como figura protagónica a la intelectual dominico-haitiana Sonia (Solange) Pierre, cuya nacionalidad dominicana está siendo cuestionada, transitó la pasada semana de lo factual al enfrentamiento abierto de criterios encontrados, expresados con creciente encono. De manera concreta, lo ocurrido tiene que ver con el accionar de un partido político minoritario y de tendencia fuertemente conservadora que, desde siempre, ha dirigido sus diatribas y su rechazo contra la población dominico-haitiana residente en República Dominicana, o contra los inmigrantes provenientes de la otra mitad de la isla que ambas naciones comparten. El episodio más reciente promovido por ese grupo fue el de instrumentar lo que han calificado como una "investigación" a los padres de la defensora de los derechos humanos, según la cual habría quedado probado que sus progenitores la inscribieron al nacer con documentación no verídica. La cuestión no habría tenido mayores dimensiones que la de un mini incidente fácilmente desvirtuable, si no hubiere sido porque este partido, Fuerza Nacional Progresista, presentó un reclamo ante la Junta Central Electoral para que le fuere retirada la nacionalidad dominicana a Sonia Pierre, galardonada en el pasado diciembre con el Premio de la Fundación Robert. F. Kennedy in Memorian, con sede en Washington, y también por Amnesty Internacional, justamente para reconocer sus méritos en la denuncia a las violaciones de los derechos humanos de la población de esa ascendencia que se producen a diario aquí(CIMAC)
Mil mujeres llegaron a la Estación Mapocho, antigua terminal de trenes convertida hoy en centro de eventos, para participar en la reunión final del Congreso de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, entre el 21 y 23 de marzo, en Santiago de Chile. La capital recibió, como pocas veces, un caudal de mujeres dispuestas a denunciar las injusticias y luchar por sus derechos, fruto del trabajo que la ANAMURI realizó durante un año para que ellas se tomaran la palabra en cada rincón de Chile. Y así lo han hecho. Exigen "un programa amplio de Reforma Agraria, que entregue tierras a campesinos y pueblos indígenas, con un cuidado especial por garantizar la entrega de tierras a mujeres y jóvenes". Además, están determinadas a "luchar por el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y autodeterminación, que incluya la devolución de los territorios ancestrales a los pueblos indígenas". Así se lee en la declaración del Congreso, que contiene 12 puntos y aborda distintos temas, que van desde el cuestionamiento del sistema neoliberal en Chile hasta la denuncia de las condiciones laborales de quienes trabajan en el agro, sin olvidar advertir que el medio ambiente está amenazado por distintas actividades industriales. Mafalda Galdames, integrante de la dirección de ANAMURI, explica a SEMlac que las condiciones laborales de las trabajadoras temporeras continúan siendo precarias y que les preocupa mucho no tener derecho a una jubilación digna, debido al régimen de trabajo al que están sujetas (CIMAC).
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) reconoció la aprobación por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el 12 de abril, de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Esta legislación tiene como fin la protección de los derechos de las víctimas de la violencia, así como la sanción de todas sus manifestaciones -física, psicológica, sexual y patrimonial- en contra de las mujeres mayores de edad, en el contexto de una relación de poder o de confianza. La Relatoría sobre derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describe en su informe de enero de 2007 "Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas", los grandes obstáculos que las mujeres enfrentan cuando procuran acceder a una tutela judicial efectiva para remediar los actos de violencia. Indica además que las mujeres víctimas de violencia no logran un
acceso expedito, oportuno y efectivo a la justicia, lo que propicia la impunidad.
La Ley de penalización de la violencia contra las mujeres implica un cambio en lo penal y en la concepción tradicional de los delitos relacionados. Esperamos, dice el IIDH, que impacte positivamente en la vida de las mujeres, quienes tendrán mayor protección contra la violencia en lo que toca a las relaciones con sus parejas
(CIMAC)

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