El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), como articulación de mujeres y organizaciones comprometidas en la defensa y promoción de los derechos femeninos, tiene entre sus objetivos sistematizar e investigar sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos en estos temas. En ese sentido y desde una visión socio-jurídica y feminista, ha elaborado un estudio sobre el feminicidio/femicidio en México y países de la subregión de Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El objetivo principal de este trabajo es proporcionar elementos para realizar un monitoreo de las acciones de los estados en la región centroamericana y México, en torno a la violencia contra las mujeres y que causa su muerte de manera violenta. Así, una vez recopilada la información obtenida en cada país se presentan propuestas respecto a este objetivo. De este modo, el documento reúne información que permite un diagnóstico inicial y primeras referencias para hacer un monitoreo en los países estudiados. Asimismo, por la información obtenida, también se pueden deducir reflexiones sobre cinco temas de semejanzas y diferencias entre los seis países investigados de acuerdo a la información solicitada (CLADEM).
De aprobarse la propuesta de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud del DF, que contempla una quinta causal de aborto y será votada el 24 de abril en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la red hospitalaria capitalina está preparada para brindar la atención adecuada a las mujeres, indicó Asa Cristina Laurell, ex secretaria de Salud del DF (SSDF). La responsable de garantizar las condiciones sanitarias para la Ley Robles dijo que, actualmente en el DF, se atienden 50 mil partos y 7 mil abortos espontáneos, es decir "60 mil atenciones". Se tiene absoluta capacidad de instalaciones y especialistas y no creo que se vayan a incrementar en gran medida los abortos", señaló. "Ninguna mujer quiere hacerse un aborto, entonces es mucho mejor que con la aprobación en la ALDF quitemos el estigma a lo que tiene que ver con la vida sexual de las mujeres. Además, daría más posibilidades de hacer prevención, pues es mejor el uso de métodos preventivos. El aborto es la última instancia a la que recurren". Con ello coincide María del Carmen E. Cayado, secretaria técnica del Comité por una Maternidad sin Riesgos en México: las mujeres no quieren abortar, no miran el aborto como un método anticonceptivo. "Para una mujer es muy difícil tomar esta decisión y, cuando decide hacerlo, ya consideró todos los aspectos. Se piensa que al aprobar el aborto las mujeres van a salir corriendo a los hospitales y esto no es así" (CIMAC).
Cuando se conoció el primer caso de VIH/sida en Chile, en 1984, la epidemia era sinónimo de hombre y homosexual. Hoy, las proyecciones del Ministerio de Salud hablan de 5,9 nuevas infecciones al día, con una tasa de contagio levemente mayor entre las mujeres. El sida no hace distinción de sexos y, aunque en Chile la relación es cinco hombres por cada mujer viviendo con el virus causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana, la brecha podría acortarse rápidamente si ellas no toman conciencia de su vulnerabilidad y no son dueñas de su sexualidad. Mientras la iglesia se afana en predicar la abstinencia y la pareja única, más del 40 por ciento de las chilenas portadoras de VIH/SIDA son dueñas de casa que se creían a salvo de esta epidemia, según lo revela el estudio "Puertas adentro: mujeres, vulnerabilidades y riesgo frente al VIH/SIDA", encargado por la Comisión Nacional de esa enfermedad. Teresa Valdés, coordinadora de dicha investigación, comentó que el principal factor de riesgo para las mujeres es la dependencia económica de sus parejas, acompañada de patrones culturales que las chilenas continúan reproduciendo, como estar pendientes de su familia y satisfacer los deseos del hombre, postergando su propio cuidado. Valdés comentó a SEMlac que, para los hombres entrevistados, la infidelidad estaba naturalizada y, más allá de la dimensión moral de ese hecho, esta conducta pone en riesgo a sus parejas estables, pues las mujeres se sienten seguras (SEMlac).
De 1995 a lo que va de 2007, compañeros o ex parejas asesinaron a casi 300 mujeres costarricenses, pese a la protección dictada por los tribunales en favor de la mayoría, según datos del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). El recuento de esos asesinatos y la polémica acerca de la efectividad de las medidas cautelares contra los agresores cobró fuerza en el país, donde la criminalidad creciente obligó a crear comisiones estatales enfocadas directamente a la problemática. Especialistas vinculadas al Inamu coincidieron en que la situación cobra ribetes de emergencia nacional y reiteraron las demandas a favor de la aprobación del Proyecto de Ley para Penalizar la Violencia contra las Mujeres. La propuesta rueda por los pasillos de la Asamblea Legislativa desde hace más de ocho años y contempla el establecimiento de la figura del feminicidio, del maltrato y de los delitos de violencia sexual directa o indirecta. Silvia Mesa, de esa entidad, consideró que existe un porcentaje de atacantes con un perfil muy agresivo para quienes las medidas de protección establecidas por la Ley 7586 contra la violencia doméstica (1996) son insuficientes. La coordinadora del Inamu aboga por reforzar las penas contra los represores porque la mayoría de ellos quedan en la impunidad y eso incita a creer que golpear a una mujer es gratuito en Costa Rica, según sus palabras. El repaso de la ley vigente muestra la posibilidad de adoptar medidas de protección sin necesidad de iniciar procedimientos civiles o penales, pero establece penas de sólo 15 días a un año contra "quien desobedeciere la orden impartida por un funcionario" (CIMAC).

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