Urgen miradas de género a la economía

[29-09-2020]
Las mujeres no son mayoría entre quienes trabajan en las actividades mejor remuneradas del sector estatal. Foto SEMlac Las mujeres no son mayoría entre quienes trabajan en las actividades mejor remuneradas del sector estatal. Foto SEMlac

Las transformaciones económicas en Cuba necesitan pensarse también desde las desigualdades, pues de lo contrario podrían ampliarse las brechas de equidad, con un impacto mayor sobre las mujeres y otros grupos vulnerables, coinciden economistas y profesionales de las ciencias sociales de la isla.

Si una medida económica no toma en cuenta la situación de partida de los diversos grupos de una población, siempre existirá alguna diferenciación, alerta la socióloga Dayma Echevarría León, profesora del Centro de Estudios de la Economía Cubana (Ceec).

“No es que las medidas en sí mismas generen las diferencias; es que al no tener en cuenta quiénes las aprovecharán realmente, pueden excluir a una parte de la población. Especialmente, si no se acompañan de políticas de acción afirmativa que faciliten empoderarse a los grupos que quedan fuera, para poder acceder a las oportunidad que de ellas se derivan”, explicó Echevarría a SEMlac.

Para la economista Ileana Díaz, no es posible hablar de medidas económicas para el desarrollo sin visiones complementarias, más integrales.

“No se puede pensar solo en necesidades económicas, sin tener en cuenta las sociales y tampoco mirar solo lo social, sin tener en cuenta lo económico”, explicó la profesora de la Universidad de La Habana y coordinadora de la Red de Emprendimiento de ese casa de altos estudios.

Junto a las desigualdades socioeconómicas, las especialistas enumeran otras como las de género y las territoriales; o las derivadas del color de la piel y la edad, por solo citar las más visibles.

Debates en torno a estas preocupaciones han aflorado en diferentes momentos del proceso de actualización de la economía cubana iniciado en 2011.

Este verano, la polémica regresa a la luz de la estrategia económico-social anunciada el 16 de julio pasado para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la covid-19.

Las nuevas medidas, ya en implementación, reafirman la planificación centralizada de la economía, pero apuestan a la diversificación de las formas de propiedad, al formalizar la existencia de pequeñas y medianas empresas privadas (Pymes), y prevén mecanismos financieros de estímulo económico.

Además, autorizan la exportación e importación al sector privado e introducen la circulación de moneda libremente convertible por la vía de los pagos electrónicos, a partir de la creación de tiendas específicas y la emisión de tarjetas.

Un escenario complejo

Las nuevas medidas llegan en un contexto, sin dudas, complicado. Según estadísticas oficiales, el crecimiento económico del país apenas fue de 0,5 por ciento en 2019, un año en que se agravó el acceso al financiamiento externo y arreciaron las presiones para la llegada de turistas y de combustible, por causa de un recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos.

Solo por citar un ejemplo, el pasado año entraron al país caribeño menos de 4,3 millones de turistas, para un descenso de 9,3 por ciento; un duro golpe al sector considerado locomotora del resto de la economía.

El panorama de 2020 ha sido aún menos alentador. Cuando faltan apenas tres meses para que termine el año, a los impactos de las medidas extremas de la administración de Donald Trump, que se han multiplicado, se suma la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19 en todo el planeta.

Cálculos preliminares de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estiman una potencial caída de la economía regional de al menos 1,8 por ciento, cifra que podría agravarse si las medidas sanitarias de contención se extienden en el tiempo.

Entre los sectores económicos más afectados, el organismo regional menciona al turismo, principal fuente de ingresos de muchas economías en el área y vital para Cuba.

A juicio de la economista Teresa Lara, en un contexto tan evidentemente complejo, las nuevas medidas se concentran en buscar alternativas de crecimiento económico, pero resulta “muy difícil evaluar cómo pueden salir beneficiadas las mujeres y los hombres, según sus propias identidades y posiciones de partida, con esta nueva propuesta”, acota.

En opinión de Díaz, la estrategia económica, en general, tiene un enfoque adecuado, que combina el uso del mercado con métodos indirectos y reguladores de la economía, y no apuesta a mecanismos meramente administrativos, entre otras ventajas. Pero, a su juicio, el desafío mayor está en la implementación.

“Es importante saber qué plazos se van a establecer y qué vías se van a utilizar. Y si la mirada de género no será transversal, al menos sería bueno incluir acciones afirmativas que permitan equilibrar las diferencias. Respecto al empleo, por ejemplo, se ha hablado de medidas diferenciadas focalizando mujeres y personas con discapacidades, entre otros grupos, pero el reto está en cómo implementarlo”, analizó.

Para Echevarría, en tanto, la implementación de las medidas deben acompañarse de interrogantes que permitan orientar el camino.

“¿Cuál ha sido la participación de las mujeres en el sector de trabajo por cuenta propia? ¿Cuántas de ellas son hoy, realmente, dueñas de los negocios? ¿Cuántas de ellas van a tener negocios con un valor agregado, que les permita exportar sus producciones?”, se pregunta la especialista.

Números con brechaPara 2018, la llamada brecha de género en la participación laboral se calculaba en alrededor de 27 por ciento, en detrimento de las mujeres, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), con una situación más compleja en zonas rurales. Foto SEMlac CubaPara 2018, la llamada brecha de género en la participación laboral se calculaba en alrededor de 27 por ciento, en detrimento de las mujeres, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), con una situación más compleja en zonas rurales. Foto SEMlac Cuba

Aun cuando faltan cifras y conteos desagregados por sexo, color de la piel, capacidades diferentes o territorio, una mirada a algunas estadísticas puede aportar elementos a las preocupaciones de estas expertas.

Según datos de 2018, la llamada brecha de género en la participación laboral se calculaba en alrededor de 27 por ciento, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Mientras la tasa de actividad económica masculina era de 76,9 por ciento, la femenina alcanzaba apenas 49,5 por ciento, una situación aún más dispar en las zonas rurales.

Las inequidades también están relacionadas con la distribución del empleo y el salario. En ese mismo año, el salario medio mensual en el sector estatal era de 777 pesos en moneda nacional (unos 32 dólares, según una de las tasas de cambio vigente de un dólar por 24 pesos).

Sin embargo, entre las actividades económicas mejor remuneradas (por encima de los 900 CUP) se encontraban la construcción, la explotación de minas y canteras, la intermediación financiera, la industria azucarera, la ciencia e innovación, la pesca y la agricultura, todas ellas desarrolladas mayoritariamente por hombres, con excepción de la intermediación financiera.

Si en el sector estatal, en general, hay casi paridad en el empleo entre mujeres y hombres, pese a las diferencias en los ingresos, en el no estatal ellas apenas alcanzan 18 por ciento; en el trabajo por cuenta por cuenta propia, en tanto, representan cerca de 34 por ciento.

Sin embargo, falta información más específica al interior de esta última modalidad de empleo, escenario que está en el foco de atención de la estrategia.

“Lo primero que tenemos es un déficit de información objetiva, desagregada por sexos, edad, color de la piel, territorio, de las personas que realmente son dueñas de los negocios”, señala Echevarría.

A su juicio, ello no permite visibilizar quiénes son las personas que están de verdad en condiciones de aprovechar la apertura de la capacidad de exportación u otras que ahora tienen los negocios privados.

“Toda la información que se ha manejado, al menos en los últimos 10 años, apunta a que la participación de las mujeres en el sector no estatal es de alrededor de una tercera parte. De ellas, la mayoría son contratadas, no dueñas de negocios. Por tanto, en esa empresa privada producirá bienes o servicios para exportar, evidentemente, no serán mayoría las mujeres”, calcula Lara, consultora de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Investigaciones recientes apuntan a que la menor presencia de mujeres en este sector se debe, sobre todo, a las condiciones de partida necesarias para un emprendimiento privado.

“Ellas poseen menor capital acumulado que los hombres. Y no estoy hablando solo de capital financiero, sino también de ese capital social, relacional, que les permite moverse con mayor facilidad en el mundo empresarial, de negocios”, analiza Ileana Díaz.

Esa acumulación de capital a que alude Díaz ha estado signada, por ejemplo, por la relación entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado.

Un elemento importante de análisis, coinciden las expertas, es cómo el trabajo doméstico y de cuidados ha obstaculizado la inserción de las mujeres al espacio público, tanto en el sector privado como en otros, y la manera en que accede a ese capital social, relacional, al que alude Díaz.

Una certeza comparten estas analistas: las políticas económicas también necesitan de enfoques de género. Sin estrategias claras que nazcan desde esas perspectivas, cualquier plan de desarrollo estará incompleto.

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Dixie Edith

Dixie Edith (dixie@enet.cu). Periodista y máster en Demografía. Se ha especializado en temas de población, género y salud sexual y reproductiva. 

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