Matrimonio gay, una ventana abierta por los derechos LGBTI

[02-03-2015]
Activistas de Cuba reclaman desde hace años la posibilidad de unirse legalmente con sus parejas Activistas de Cuba reclaman desde hace años la posibilidad de unirse legalmente con sus parejas SEMlac

Cuando apenas se ha reconocido en muy pocos países de Latinoamérica como institución legal y protegida, el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo sigue siendo un tema pendiente y muy debatido en la región.

Desde la perspectiva jurídica, no son pocos los desafíos que se plantean. Algunos emergieron nuevamente durante la celebración en La Habana, el 25 de febrero, del Taller Regional sobre Derecho Constitucional en el Caribe "Género, sexualidad y raza".

"La cuestión de los derechos sexuales no es algo nuevo en la arena internacional, pero en el ámbito jurídico el tema reclama de análisis inmediatos", sostuvo el cubano Manuel Vázquez Seijido, director jurídico del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

Casi todas las constituciones y leyes latinoamericanas describen el matrimonio como la pareja formada por un hombre y una mujer, pero en los últimos cinco años muy pocos países han podido cambiar totalmente ese precepto.

Lo han hecho Argentina, Uruguay y Brasil, al reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo; también vigente en las entidades mexicanas de Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila.

Otras naciones (Colombia y Ecuador) han dado pasos parciales mediante figuras como las uniones civiles, que contemplan la convivencia entre estas personas, pero no equiparan completamente sus derechos y obligaciones a los del matrimonio heterosexual.

Otro grupo mayoritario de países carece todavía de una norma jurídica que reconozca esas uniones.

En el caso de Cuba, el abogado del Cenesex aclaró que el reordenamiento jurídico cubano no reconoce de modo expreso los derechos sexuales vinculados a la orientación sexual e identidad de género, por lo que estos carecen de garantías formales.

El propio texto constitucional cubano bloquea la posibilidad del ejercicio de uno de los derechos sexuales, al definir el matrimonio como la unión voluntariamente concertada de un hombre con una mujer para hacer vida en común.

"La cuestión se agudiza teniendo en cuenta que no hay alusión a otro tipo de unión reconocida jurídicamente para personas del mismo sexo en la Carta Magna o en otra norma jurídica conectada a este asunto", detalló.

No obstante, en las modificaciones propuestas al Código de Familia, en larga espera y pendiente de discusión por el parlamento, se concede efecto jurídico a las uniones de personas del mismo sexo.

Pero en el camino de llegar a su real legitimación, reconocimiento y consecuente protección, los derechos sexuales siguen franqueando diversos obstáculos, como la homofobia, la transfobia y la misoginia, agregó Vázquez Seijido.

Otras barreras citadas por el jurista cubano se relacionan con el resurgimiento de los fundamentalismos religiosos y la emergencia de gobiernos de derecha que insisten en ubicar la sexualidad en la esfera conyugal y desubicarla como tema afín a los derechos humanos que conectan con la orientación sexual y la identidad de género.

No faltan tampoco las críticas que ya empiezan a recibir estos procesos de avanzada y cambio jurídico a favor del matrimonio igualitario, según hizo ver el
abogado colombiano Esteban Restrepo Saldarriaga, especialista en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de los Andes, en Bogotá.

"De un lado surge la pregunta: ¿por qué recibimos una causa que no es nuestra?", señaló el colombiano, quien provocó la reflexión con otra interrogante: "¿es posible encontrarle algún tipo de perspectiva política interesante a este tipo de movilizaciones sociales mediante lo que se legisle desde los tribunales?".

Otras miradas plantean, por ejemplo, que el matrimonio normaliza la sexualidad, que es una institución excluyente y opresiva. En tanto, cierta crítica neocolonial lo percibe como una nueva forma de imperialismo que llega a Latinoamérica desde Europa y se acepta, indefectiblemente.

Una tercera posición privilegia otras intersecciones, como la pobreza, y las califica como más urgentes y necesarias que la orientación sexual e identidad de género.
Pero ante esas posturas, la causa del matrimonio igualitario se puede convertir en una oportunidad política productiva en la región, opina Restrepo.

"Una vez que los temas tradicionalmente gays (matrimonio, adopción y otros) se empiezan a discutir, producen un espacio de apertura política para discutir temas de justicia sexual mucho más amplios", dijo el abogado colombiano en alusión, por ejemplo, a la temática trans, "muy distinta en patrones de violencia y distribución socio-económica", comentó.

A la puertorriqueña Ana Irma Rivera Lassén, abogada, activista feminista y defensora de derechos humanos, las críticas de hoy al matrimonio igualitario le recuerdan mucho las que recibieron las feministas en la pasada década del sesenta.

Ella, sin embargo, le aporta una mirada completamente transgresora al asunto.

"El reconocimiento del matrimonio en parejas del mismo sexo, en sí mismo, sacude completamente el matrimonio heterosexual como esa institución tradicional que aparece en nuestros libros de derecho", reflexionó.

El matrimonio homosexual, tenga ese u otro nombre, también llevará a otros cuestionamientos, como el reconocimiento del proceso de adopción por parte de estas personas, opinó la activista puertorriqueña.

"Hay mucha gente en nuestros países que queremos cambios, no importa de dónde venga el nombre; desde dentro hay un reclamo de justicia y de cambio en el derecho", aseguró.

Para el cubano Vázquez Seijido, el matrimonio homosexual apunta igualmente a soluciones relacionadas con problemáticas asociadas a la violencia, que hoy se dan por falta de protección de determinado tipo de relaciones.

Más allá de enfoques distintos y controversias, "no se puede postergar que, en el marco de la institucionalidad ciudadana, una institución como el matrimonio excluya a una franja de la población", concluyó el dominicano Cristóbal Rodríguez Gómez, Doctor en Derecho Constitucional. "Esa es la lucha que hay que acometer", subrayó.

Realizado como parte del VIII Encuentro Internacional "Constitución, democracia y sistemas políticos", el taller regional fue auspiciado por la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, el Proyecto Género y Derecho de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Red ALAS de Mujeres Académicas del Derecho, INTER-MUJERES de Puerto Rico, el Instituto de Estudios sobre Mujeres, Género y Derecho y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

El programa del taller contempló experiencias y miradas desde Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y el Caribe anglófono relativas a la intersección de las discriminaciones basadas en el género, la sexualidad y la raza; la criminalización de temas de orientación sexual e identidad de género y los esquemas de análisis para resolver controversias relativas al discrimen, entre otros temas .

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Sara Más

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