Tener vínculo laboral o estudiantil, así como recibir terapia hormonal, pueden ser factores que favorecen una mejor calidad de vida para las mujeres trans, de acuerdo con un estudio realizado con un grupo de ellas en Cuba.

Con la consulta del anteproyecto para reformar la constitución desde este 13 de agosto, en Cuba, también irán a discusión ciudadana viejas demandas de la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y personas trans) en la nación caribeña, entre ellos el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la diversidad familiar.

A pocos días de ser presentado el anteproyecto de la futura Constitución a la Asamblea Nacional del Poder Popular, las redes sociales se han caldeado en el intercambio de declaraciones, imágenes y comentarios de diversos activistas sobre la creciente inflexión discriminatoria, en el espacio público y mediático, de dos esferas muy importantes: la iglesia y el sector privado.[1] Producidos de manera no conectada entre sí, los hechos que han dado pie a la polémica inquieren a una misma realidad: la crisis institucional en torno a la violencia homofóbica y transfóbica, y la carencia de mecanismos políticos y jurídicos que protejan a los sujetos ante posibles vulneraciones. La libertad religiosa[2] y el derecho de admisión[3] fueron los estandartes para menoscabar la dignidad de las personas con identidades no heteronormativas, sin que el gobierno, como árbitro imparcial, responsabilice por los excesos de autoridad, penalice por los daños causados y reconstruya el escenario cívico como Estado de Derecho. El silencio político nos hace pensar en lo imperativo de un marco legal que contemple los valores ciudadanos ampliamente, desde la perspectiva de los derechos humanos.

Activistas en Cuba reclaman la inclusión y reconocimiento de los derechos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género en la reforma constitucional en curso, cuyo proyecto definitivo será examinado el próximo 21 de julio por diputadas y diputados de la Asamblea Nacional.

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