Nuestro grito de guerra

Por Esther Gómez-Portillo. Fuente Ameco Press [11-07-2019]

Uno de los muchos logros que ha conseguido el movimiento feminista es romper con la normalización de la cultura de la violación, que estaba enterrada y tapada, aunque el olor que desprendía se podía percibir desde hacía mucho tiempo. Las mujeres hemos cogido la pala y hemos empezado a desenterrar la violencia sexual, los maltratos dentro de las parejas y los abusos hacia nosotras. Con movimientos como #MeToo o #Cuéntalo hemos puesto este tema en el centro de la agenda política.

Ahora, después de sacar todo a la luz y de que se convierta en un debate diario, debemos preguntarnos si ha servido para empoderarnos o por el contrario, tenemos el mismo miedo que antes. Los estados, los gobiernos, el poder judicial y la sociedad están haciendo cambios, pero debemos saber si estos son efectivos para curar las profundas heridas que deja la violencia sexual en el cuerpo de las supervivientes.

Un caso que fue mediático: La Manada

Hoy 21 de junio se ha celebrado la vista pública de la sentencia de La Manada que ha examinado el recurso de casación presentados por la Fiscalía, las acusaciones y la defensa contra la sentencia que condenaba a los cinco miembros a nueve años de cárcel. El recurso de casación muestra una disconformidad con la anterior sentencia judicial y una creencia por parte de quién lo presenta a que hay una mala interpretación de la ley. Fue violación: así lo ha reconocido el Supremo, que ha elevdo a 15 años la pena que deberán cumplir los procesados, uno de ellos, dos años más, por sustracción del móvil a la víctima, superviviente.

La condena dictada por la Audiencia Nacional solo reconocía el delito de abuso sexual con prevalimiento que se traduce en nueve años de prisión. El detalle de prevalimiento es importante. Consideraba que los acusados solo se han aprovechado positivamente de la situación de superioridad en la que se encontraban para lograr cometer la violación. Por lo tanto, reconocía que se coaccionó y presionó a la víctima pero descartaba que se utilizase la violencia para ello. Que la sentencia deseche el uso de la violencia, quita automáticamente la posibilidad de que se juzgue a los cinco miembros por agresión sexual pues, para ello, debería reconocer el uso de la violencia y la intimidación.

Todos los recursos que se han presentado pidieron que se juzgue por agresión sexual pero cada uno de ellos remarca ciertas connotaciones. La Fiscalía, pidió que se les aplique el delito contra la intimidad, ya que la víctima fue grabada sin su consentimiento. Esto elevaría las penas entre dos y cuatro años más de cárcel. La acusación particular ejercida por la víctima solicitó que se condenara el robo de su teléfono móvil por parte de dos de los acusados y por último, estaban las acusaciones populares en nombre de la Comunidad foral de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, que también han recurrido la sentencia, al no entender que se califiquen los hechos como abuso sexual.

El Supremo ha sentenciado que fue una violación múltiple, no un abuso sexual. Así lo ha determinado este viernes por unanimidad, elevando de 9 a 15 años la condena para José Angel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, los cinco amigos que violaron a una joven en los sanfermines de 2016. La decisión del Supremo implica que la condena ya es firme. Los cinco autores del delito han sido detenidos.

Endurecer la pena

La respuesta por parte de algunos partidos políticos, como el PSOE y Unidas Podemos, a casos como el de “La Manada” que dejan una clara evidencia de las distintas interpretaciones que puede hacer la justicia de un mismo acto, pasa por incluir en sus programas electorales la supresión de esta doble lectura aunando los delitos de abuso y agresión sexual en uno solo. Estas propuestas que empiezan con buen pie, normalmente se van suavizando hasta acabar en propuestas ´buenistas´, como es la que presentó hace unas semanas la ministra de Justicia Dolores Delgado en la que propone un endurecimiento de los beneficios penitenciarios a los condenados por abusos y agresiones sexuales.

Con esta medida el Gobierno desecha la opción de aunar los dos delitos en uno solo en el que, en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia, la falta de consentimiento de la mujer es violación para poner alguna que otra traba a los condenados para optar a sus permisos penitenciarios.

El anteproyecto de Ley que quiere incluir el gobierno en el Código Penal dice que los condenados por abusos y agresiones sexuales deberán cumplir la mitad de la condena impuesta para poder acceder a los beneficios penitenciarios. Estos permisos, hasta el momento, son concedidos por la Junta de Tratamiento, un órgano que se encuentra dentro de las cárceles y que tiene como fin estudiar el caso de cada penado. Hasta ahora, la condición para poder optar a estos permisos en casos de abuso o agresión sexual era haber cumplido al menos una cuarta parte de la condena y ahora, el Gobierno, quiere ampliarlo al cumplimiento de la mitad a todos las condenas por delitos sexuales. Este endurecimiento ya existe en el Código Penal para conseguir el tercer grado en delitos como terrorismo, agresión, prostitución o corrupción de menores.

La propuesta por parte del ejecutivo se aleja de las líneas marcadas por la comisión de juristas creada para guiar al Ministerio de Justicia en la reforma del Código Penal en el apartado contra la libertad sexual, que querían recuperar el termino de violación incluyéndolo de forma clara y expresa con una nueva redacción que se adecue a la actualidad. Debemos recordar que esta comisión se creó tras la indignación social que se produjo con la sentencia de “La Manada” en la que de la Audiencia Provincial de Navarra condenaba a sus miembros a nueve años de prisión por abuso sexual y no por agresión.

Una medida que resulta castigadora para los autores del delito desviando la atención al permiso penitenciario pero que no centra la mirada en la unificación del delito para que no se puedan dar distintas interpretaciones dependiendo del personal judicial con el que se encuentre la mujer.

¿Sirve de algo este endurecimiento?

Verdad, justicia y reparación. Estos son los estándares internacionales que se establecen para reparar los daños y derechos arrebatados a las víctimas de violencia de género. Con el establecimiento de la verdad y la justicia se exige el reconocimiento del delito; determinar la responsabilidad de los perpetradores de los hechos, hacer una justicia que implique la persecución del delito y la protección de las supervivientes. Dentro del último eslabón, está la reparación de la víctima con medidas que le hagan sentir que se intenta, al menos, reparar el daño que le han causado.

El endurecimiento de la ley que propone el gobierno entra dentro de la reparación que se le da a la víctima. Según Virginia Álvarez, -responsable del área de investigación y política interior de Amnistía Internacional- el Estado tiene que adoptar unos mecanismos que realmente protejan y asegure a las victimas la garantía de no repetición del delito: “El mero incremento de la pena muchas veces no es la solución. De nada sirve que el culpable tenga que cumplir la mitad de la pena sino hay otro trabajo de otro tipo para garantizar que esto no vuelva a ocurrir”. El problema viene que para luchar contra los delitos sexuales no basta con endurecer la pena. Si es cierto que esta medida es una respuesta a los casos de violación, pero debemos preguntarnos si poner impedimentos a los beneficios penitenciarios soluciona la “gran lacra” con la que se llena la boca todo el sequito político.

Para empezar a solucionar un problema hay que darle visibilidad. Porque como dice la famosa frase: de lo que no se habla, no existe. Y los diferentes partidos que han ido pasando por la Moncloa lo saben bien. Para Virginia Álvarez uno de los problemas es que no hay estadísticas: “Ni siquiera se cruzan las estadísticas judiciales con las policiales, no sabemos porque se sobreseen los casos o porque se archivan. Los datos pueden dar mucha información cuantitativa pero sobre todo cualitativa para desarrollar políticas públicas en todos los ámbitos”.

En el año 2015 el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) amonestó públicamente a España por la falta de visibilidad de algunos tipos de agresiones y le exigió un Plan que recogiera datos estadísticos sobre la violencia de género desglosado en sexo, edad, nacionalidad y relación entre víctima y agresor. En el año 2018 el Gobierno sigue sin presentar datos al respecto, lo que hace pensar que España no está siguiendo las recomendaciones de Europa para luchar contra las violencias machistas y evitando dar una respuesta al Comité a pesar de haber ratificado en 2014 el Convenio de Estambul.

Alternativas al endurecimiento de La Ley

El contenido de la Ley Integral sobre la violencia de género, pone de manifiesto que se protege y presta ayuda a las mujeres que sufren agresiones sexuales, pero solo dentro de ámbito de pareja o expareja. Esta forma de violencia contra la mujer no es la única. Existen muchas otras formas de violencia que son necesarias incluir en la Ley y que no implican una relación afectiva entre víctima y agresor como son las agresiones sexuales por parte de un desconocido o la violencia laboral.

“No hay políticas públicas activas. Al igual que se hizo con La Ley de la violencia de género en el ámbito de la pareja o ex pareja, aquí no lo ha habido. Vamos a golpe de telediario, a golpe de reacción ante casos concretos. La violencia dentro del ámbito de la pareja o ex pareja es un tipo de violencia, pero no es la única. Nos encontramos con una ley integral que protege a las mujeres que sufren agresiones sexuales pero solo dentro de este ámbito, si nos salimos de ahí… amiga buena suerte”, afirma Virginia.

Las políticas en cuanto a violencia sexual en España están todavía por desarrollar en muchos aspectos. Que solo se contabilicen los casos en los que ha existido una relación afectiva con el agresor es un grave problema porque se dejan de visibilizar otros muchos tipos de agresiones.

Además, que no exista un plan conjunto entre comunidades autónomas hace que la mujer entre en un espacio en el que depende de la suerte y del interés que pueda tener cada comunidad. “Tiene que haber unos estándares mínimos, adecuados, que sean aplicables a todo el territorio independientemente de donde esté la mujer, espacios donde las comunidades autónomas y el Gobierno central se comuniquen. Se tiene que revisar y garantizar que en todas las comunidades autónomas haya una atención especializada y adecuada. Tiene que haber una ley integral, al igual que hubo para el ámbito de pareja y expareja, se tiene que ampliar a todos los tipos de violencia que sufren las mujeres”.

Algo que nos recuerda el convenio de Estambul es que la violencia a las mujeres es un grave problema de vulneración de los derechos humanos y que este tipo de violencia ocurre por el hecho de ser mujer y en diferentes ámbitos, no solo en el de pareja o expareja. Desde el 2014 España lo ratifico y dejó clara su postura de cambiar leyes, introducir medidas efectivas y centrar su foco de atención dando luz al aspecto más importante: la prevención de los delitos.

No hace falta decir que la medida que propone el gobierno está lejos de la prevención, entra dentro del castigo y endurecimiento implantando medidas para que sea un poco más complicado que los hombres que han cometido un delito sexual alcancen los beneficios penitenciarios. Pero sus permisos acabarán llegando. Esto nos hace pensar que esta medida es un parche de contención, un maquillaje que hace que la cara se vea mucho más limpia, pero si lo quitas, siguen estando los mismos problemas.

Para que el problema desaparezca, hacen falta medidas de prevención que estén estrechamente ligadas a la educación. Educar a una sociedad no es algo fácil, conlleva mantener un esfuerzo, destinar fondos para su seguimiento y rechazar, en cualquier caso la frivolidad y el ensañamiento. Para saber si se están haciendo bien las cosas, lo mejor es analizar los datos que aporta el ministerio del interior sobre la población joven que nos da un dato inquietante: las violaciones entre los adolescentes en este último año han aumentado un 18 por ciento aumentando también, de forma alarmante, las agresiones sexuales en grupo dentro de todo el territorio español. Desde 2016 hasta la actualidad se han contabilizado más de 95 casos.

Virginia comenta la importancia de abordar el problema desde diferentes ámbitos educativos como la educación afectivo-sexual destinada a la población adolescente que permita consolidar las relaciones afectivas y alejarse de contenidos marcados por fantasías machistas y violentas que hipersexualiza a las niñas y a ellos, se les relaciona con referentes que hacen cultura a la violación, la justifica y romantiza. “Hay que dar a la juventud herramientas que no normalicen conductas de violencia sexual, pero también hay que cambiar el imaginario ya creado en la sociedad en general con pedagogía constante mediante campañas que hagan que el mensaje esté en el centro” concluye.

Covadonga González-Pola, es escritora de libros infantiles entre los que destaca “Las niñas ya no quieren ser princesas” un libro en el que da la vuelta a las protagonistas de las películas Disney, empoderándolas y haciéndolas protagonistas de sus propias vidas. Cree que una parte del problema puede venir en el aumento de la cultura del porno: “mientras que los niños empiezan a ver porno y se considera permitido o natural, las niñas ven películas de Disney. El coctel puede ser explosivo” afirma.

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